Un numeroso grupo armado camina por el municipio de San Cristóbal de las Casas sin que autoridad alguna le salga al paso para incomodarlo.

Días atrás, un convoy del Ejército mexicano transita por una carretera de Michoacán y se encuentra de frente con una peregrinación de por lo menos 25 camionetas repletas de hombres armados; los militares frenan para cederles el paso.

La narcoviolencia se ha institucionalizado en la vida pública del país.

Nos hemos acostumbrado a ver esas escenas, una y otra vez, durante el sexenio, casi cotidianamente sin que pase nada, absolutamente nada.

No se puede entender, por ejemplo, en el caso de San Cristóbal, que el grupo delincuencial -ni modo que fueran militares-, se haya mantenido dos horas disparando al aire sin que ninguna autoridad se presentara, a menos que haya colusión.

El discurso oficial de los abrazos y de la naturaleza “humana’’ de los delincuentes ha sido suficiente para acallar las críticas, generalmente en papel y en redes sociales.

Y como la sociedad se ha acostumbrado a esas acciones, el Gobierno cree que está haciendo su trabajo.

¿Cómo es posible que un grupo del crimen organizado pueda controlar el mercado de diversos productos, como el pollo, que no se puede vender en un poblado cercano a Chilpancingo, porque el narco local quiere más dinero?

¿Por qué el Gobierno ha permitido que lleguemos a esa situación que normaliza la extorsión, la portación de armas de uso exclusivo del Ejército, el robo en pandilla y todos los delitos que pueda usted agregar?

¿Dónde estaba el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, ayer al medio día?
¿Dónde los secretarios de Seguridad Pública y Defensa Nacional?

¿Quién va a poner orden en Guerrero? ¿La “gobernadora’’, más preocupada por su manicure, que por la seguridad?

Lo peor que nos podía pasar, está pasando; la normalización de las escenas de grupos del crimen organizado tomando más y más partes del territorio nacional.

Pero sigamos discutiendo el Horario de Verano o cuánto gana Carlos Loret, mientras el país se pudre.

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La detención, la semana pasada, de Víctor Garcés, exdirectivo de la cementera La Cruz Azul, podría llevar más temprano que tarde al paradero de su cuñado, Guillermo Álvarez, Billy, expresidente de la cooperativa y prófugo de la justicia.

Garcés, cuñado de Billy, llevará su proceso en prisión; no se conoce aún si se ha solicitado el criterio de oportunidad, que no es otra cosa que pedir clemencia a cambio de información, es decir, pasar a testigo protegido.

Pero lo que está también por verse, es si la detención de Garcés y la información -pactada o no- que pueda aportar a la investigación, ayudará a terminar el conflicto que existe con la planta de Tula, tomada por la disidencia de la nueva directiva.

Garcés enfrenta investigaciones del fuero común -falsedad en declaraciones- y del fuero federal -delincuencia organizada y lavado de dinero-, por lo que no podrá salir de prisión en tanto no concluya la investigación.

Eso, o entregar a su cuñado a la justicia.

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La reunión entre los expresidentes del PRI y el actual dirigente, Alejandro Moreno, terminó con el compromiso de “reflexionar’’ lo que más le conviene al partido.

Moreno no dejará la presidencia del tricolor y los expresidentes tampoco expusieron públicamente su proyecto de partido, si es que lo tienen, por lo que la situación quedó más o menos como estaba.

Moreno fue “apretado’’ por la Fiscalía de Campeche, que se hizo presente en algunas de sus propiedades para tomar fotos, pero no hubo cateos.

LEG