La alianza Va por México (PAN-PRI-PRD) declaró una “moratoria constitucional” en el Poder Legislativo para impedir cualquier reforma o adición a la Constitución.
Además, propondrán la creación, también ante el Legislativo, de una comisión investigadora sobre la injerencia del crimen organizado en el Estado Mexicano y de manera particular en las elecciones de 2021 y 2022.
El dirigente de Acción Nacional, Marko Cortés, detalló que los partidos oficialistas han demostrado una actitud intolerante, de cerrazón y de aversión a la deliberación democrática y a procesos de discusión y aprobación de leyes y reformas.
“Ante la urgencia de preservar nuestra República hoy los partidos de la coalición Va por México presentamos una moratoria constitucional y hacemos un llamado a la sociedad a que se sume para denunciar cualquier violación al marco legal tanto a nivel local como federal que ponga en riesgo la democracia”, dijo el panista.
Detalló que lo que resta de la LXV legislatura del Congreso de la Unión los grupos parlamentarios no aprobarán ninguna iniciativa de reforma, adición o modificación a la Constitución.
Con esta decisión, la propuesta de reforma electoral enviada por el Ejecutivo y la que se espera que presente respecto a la Guardia Nacional no tendrán posibilidad de ser aprobadas, pues requiere del voto opositor para concretarse.
En cuanto al trabajo de los diputados y senadores que presidan y participen en los órganos de gobierno, así como en las comisiones y grupos de trabajo, participarán sólo en términos estrictamente indispensables.
En tanto, el líder de la mayoría de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, llamó a Va por México a reconsiderar la moratoria constitucional.
“Como presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores y como líder de la mayoría legislativa; hago un llamado a los partidos políticos que conforman el bloque político-electoral, PAN, PRI, PRD, para que reconsideren la moratoria legislativa a la que han convocado”.
Pidió conciliar posiciones y que no se interrumpan los procesos legislativos, lo que perjudicaría el funcionamiento institucional del país.
LEG