Afganistán sufre una crisis de respeto a Derechos Humanos desde agosto de 2021, cuando los talibanes retomaron el control del país a partir de la salida de las fuerzas armadas de Estados Unidos y la OTAN.
Lo anterior, a pesar de las promesas de los líderes talibanes, quienes se comprometieron ante la comunidad internacional a garantizar las libertades alcanzadas por mujeres y niñas, medios de comunicación e incluso exfuncionarios públicos. Sin embargo, a 10 meses del inicio de la nueva era talibán, la realidad es muy distinta.
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Un informe de la ONU que se dio a conocer a inicios de este año indicó que aproximadamente un centenar de exfuncionarios del antiguo gobierno afgano habrían sido asesinados a manos de talibanes; asimismo, el informe señaló ataques, intimidaciones, acoso, detenciones arbitrarias y otras formas de maltrato hacia activistas y periodistas.
Pero en el marco de esta crisis humanitaria, las mujeres representan al sector más perjudicado debido a las múltiples restricciones basadas en una estricta interpretación del Islam. Una de ellas es la obligación de portar la burka en lugares públicos. De igual forma, la educación y el empleo han sido puertas que se han cerrado para ellas.
Las mujeres se han atrevido a protestar contra el régimen y exigir el reconocimiento de sus derechos civiles. La activista Zulia Parsi denunció censura por parte de los talibanes, además de agresiones durante sus manifestaciones. El Consejo de Seguridad de la ONU declaró su preocupación por la creciente erosión del respeto a los Derechos Humanos y las libertades fundamentales, por lo que indaga los hechos.
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