Aunque “afortunadamente no pasó nada”, el incidente de un vehículo de prensa en la cobertura de la gira presidencial en la carretera Badiraguato-Guadalupe y Calvo, en Sinaloa, pudiera aportar alguna otra interpretación que tiene relación directa con el modelo de construcción de la paz: el retén no estaba para agredir, sino para contribuir al control del tráfico de bandas criminales.
Se trata del modelo conocido entre especialistas como gobernanza criminal: hacer partícipe a los grupos delictivos de la estabilidad de zonas calientes del crimen organizado para evitar confrontaciones y otros delitos, en una acción que sustituye o complementa la función de Seguridad Pública que corresponde a las autoridades.
Las cifras mensuales y diarias de homicidios dolosos son muy mayores a las alcanzadas en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, pero no se ha hecho énfasis en un dato significativo: se trata de acciones criminales entre bandas, con pocos efectos colaterales que dañen a la población civil y lejos de las cifras globales de la letalidad gubernamental que derivaba de la ofensiva violenta del Estado contra los grupos delictivos violentos.
El problema para hacer funcional la gobernanza criminal se encuentra en la necesidad de un pacto formal entre el Estado y las bandas delictivas y no solo, como ahora pudiera creerse, en un acuerdo informal: el Estado no ataca a las bandas, éstas no violentan al Estado y entre ellas debieron darse acuerdos de no agresión. Sin embargo, la pax narca necesita de capos con sensibilidad para entender que la no-acción de seguridad del Estado no representa una carta blanca para multiplicar sus actividades delictivas contra la sociedad.
En la zona narca de Sinaloa afortunadamente no pasó nada, pero en otras áreas del país existe violencia generalizada.
Zona Zero
- Hoy se cumplen 38 años del asesinato del periodista Manuel Buendía, columnista entonces del periódico Excelsior. Ese crimen fue considerado como el primer acto criminal contra un comunicador y la conclusión parcial de responsabilizar al director de la Federal de Seguridad, José Antonio Zorrilla Pérez, del asesinato fijó también el criterio de un crimen de Estado que no se investigó hasta sus últimas consecuencias. Buendía indagaba las denuncias de narcotráfico en el sur de la República que habían hecho nueve obispos y concluía que el narcotráfico era un asunto de seguridad nacional del Estado.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
@carlosramirezh