Internet es el desarrollo tecnológico más revolucionario en la historia de la humanidad, ya que ha cambiado de manera drástica nuestra forma de organizarnos, producir, comerciar, y en general todo el funcionamiento de los países.

Sería suficiente mencionar el papel que juegan hoy en día las redes sociales en el desarrollo político de las naciones; a veces para bien, como la celebración de elecciones con votos electrónicos, lo cual facilita el ejercicio del sufragio y su contabilización; y otras para mal, como es el caso Cambridge Analytica, empresa que lucró con el tráfico ilegal de datos personales de las personas usuarias, a fin de incidir en sus preferencias para la jornada electoral que terminó ganando el expresidente estadounidense Donald Trump.

Debido a esta fuerte influencia de internet en el mundo actual, en 2006 la Asamblea General de la ONU emitió una resolución para aprobar la petición de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, a fin de declarar el 17 de mayo de cada año como Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, con el objetivo de dar a conocer las posibilidades que pueden brindar internet y otras tecnologías de la información y de la comunicación a las sociedades y economías, así como las diferentes formas de reducir la brecha digital.

Este último punto representa una condición sin la cual no será posible hablar de una aplicación democrática de las nuevas tecnologías, pues existen todavía muchas comunidades desconectadas de la red, lo que impide su acceso a otros tipos de derechos, como a la información, a la libertad de expresión y a la portabilidad, es decir, al manejo de sus datos personales; sin mencionar el acceso a la diversidad cultural y de contenido, que puede ser determinante en el desarrollo personal e incluso académico.

Este año, en el marco de esa conmemoración, y tomando en cuenta la necesidad de reducir la brecha digital en México, el Senado de la República emitirá una convocatoria para la licitación de un proyecto que tendrá como fin la creación de una aplicación que permita auxiliar a las mujeres que se sienten en situaciones de peligro, en atención a los múltiples casos cotidianos de violencia de género y feminicida.

Este tipo de acciones, de acuerdo con el artículo 29 de la Ley de Seguridad Nacional, son consideradas de inteligencia, ya que permiten obtener datos para la toma de decisiones en materia de seguridad nacional, que incluye tanto la protección de la nación mexicana como el mantenimiento del orden constitucional y la preservación de la democracia fundada en el desarrollo social. La colaboración entre la iniciativa privada y las autoridades encargadas de la seguridad podría ser un medio efectivo para ayudar en la lucha por garantizar la vida y el bienestar de las mujeres.

Con la perspectiva de género como política transversal del Gobierno de la 4T, es posible seguir haciendo del ciberespacio un lugar seguro para todas y todos, en el que las redes sociales sirvan como facilitadoras para acceder a otros derechos, y no un campo abierto para delitos en el ámbito de lo virtual o de lo real.

 

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