La FGR consideró ilegal la resolución del juez del caso contra los abogados presuntamente relacionados con Julio Scherer.
Foto: Cuartoscuro. Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico de la Presidencia, durante el Segundo Informe del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.  

La FGR apelará la «resolución ilegal» del juez de control del caso contra los abogados presuntamente relacionados a Julio Scherer.

La Fiscalía General de la República (FGR) calificó de «ilegal» la decisión del juez de control Felipe de Jesús Delgadillo de no vincular a proceso a los litigantes señalados de presuntamente extorsionar a Juan Collado.

En un comunicado, la Fiscalía General de la República (FGR) acusó que Delgadillo Padierna:

«Descalificó y agredió groseramente a la representación social, negándose a tomar en cuenta más de 75 datos de prueba presentados por las víctimas».

A su vez acusó que el juzgador se dedicó a defender al señor Julio S que no estaba imputado pero en contra de quien habían pruebas de su participación en los delitos imputados a los abogados, las cuales no fueron refutadas.

En comunicado, la Fiscalía General de la República (FGR) enumeró lo que considera una serie de «actos abusivos y parciales» contra la impartición de justicia por parte de Felipe de Jesús Delgadillo:

  • Analizó temas y antecedentes no presentes en el caso
  • Ofendió y descalificó «agresivamente» al Ministerio Público Federal
  • Omitió el análisis imparcial de las pruebas no refutadas
  • Coincidió con la defensa de los señalados de que la imputación es «venganza»

Por lo anterior apelará la decisión, presentará una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal, y abrirá una carpeta de investigación del asunto.

En el documento, la Fiscalía de la República subrayó que:

«Dicha conducta inadmisible no habrá de inhibir al Ministerio Público de la Federación para judicializar todos los casos en que haya corrupción, tráfico de influencia o intereses ajenos a la justicia; y, de ello, se informará de inmediato a la opinión pública, de conformidad con la Ley de Transparencia, para evitar cualquier extorsión mediática criminal».

LV