Lo que son las cosas.
Por años Carlos Salinas de Gortari a quien bautizó como el “Innombrable’’, fue su enemigo preferido -hasta que tomó a Felipe Calderón- y hoy recurre a la misma táctica que el de Agualeguas para tratar de contener la inflación.
El presidente Andrés Manuel López Obrador negocia con las cúpulas empresariales un acuerdo (o pacto) para tratar de frenar el alza de los precios y con ello la inflación.
No será, a decir de los propios empresarios, el establecimiento de controles de precios, sino de llegar a un acuerdo para 25 productos esenciales de la canasta básica tengan el mismo costo en todo el país.
Digamos que se trata de homogeneizar los precios de esos artículos.
Hasta ahí bien.
Pero la estrategia no estará completa si no se incluyen también los salarios, como hicieron en su momento Salinas y el propio Ernesto Zedillo.
Se trató de una política de contención salarial bajo la premisa de que un aumento de salarios que no correspondiera al incremento de la productividad en el país sería inflacionario.
En lo que va de la actual administración, el salario mínimo ha registrado aumentos que en total suman 78.5%, un porcentaje no visto en ningún sexenio anterior.
Se destaca, desde luego, la intención de que los incrementos al mínimo, que según cifras oficiales perciben cerca de 6 millones de trabajadores, sea recuperar lo más pronto posible el poder adquisitivo de las clases menos favorecidas.
Pero el tema es que ahora los empresarios saben que dichos aumentos, si bien eran necesarios, no correspondían al incremento de la producción en el país.
En 2018, los salarios mínimos aumentaron 10.39%; en 2019, 16.2%; en 2020, 15% igual que en 2021 y para este 2022, el incremento fue de 22%.
Así, el salario mínimo pasó de 88.36 pesos diarios a 172.87.
Los salarios contractuales, en cambio, han estado pegados al incremento de la inflación, siempre un punto o punto y medio porcentual arriba.
Si se quiere contener la inflación, los salarios deberán estar también en la mesa de negociación, por duro y neoliberal que suene.
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El próximo lunes, en Monterrey, el Instituto Mexicano del Seguro Social presentará una estrategia para evitar el deterioro de la salud de sus 20 millones de trabajadores afiliados.
La decisión se tomó luego de conocer los saldos que arrojó la pandemia de Covid-19 y el alto costo que tuvo tanto para las empresas, los trabajadores y el instituto mismo.
Por ejemplo, se concedieron 4.6 millones de incapacidades que representaron 44 millones de días laborales perdidos.
El impacto económico para el IMSS por concepto de incapacidades fue de 20,128 millones de pesos (riesgos de trabajo, 3,816 millones de pesos; enfermedad general 10,026 millones y maternidad, 6,286 millones de pesos).
Toooodo esto, derivado de que más de 10 millones de trabajadores no habían tenido una vigilancia adecuada de su salud y presentaban alguna condición de riesgo o vulnerabilidad al virus.
Al evento acudirán representantes de los sectores obrero y patronal, secretarios de Estado y los directivos del instituto.
A ver.
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Ocho muertos por la disputa de la posesión de la planta de Cementos Cruz Azul en Tula debería ser un escándalo nacional.
La planta, que retiene ilegalmente el grupo encabezado por Federico Sarabia, es la única que no ha quedado bajo el control de la nueva directiva de la cooperativa.
Ya va siendo tiempo de que la autoridad laboral ponga orden y resuelva en definitiva el conflicto.
Ocho muertos…ni en los tiempos de Fidel Velázquez.
OH