La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López y otros 10 funcionarios y gobernadores, así como el dirigente de Morena, transgredieron la Constitución al promover la consulta de revocación de mandato y al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Durante la sesión de este miércoles, los consejeros aprobaron la adopción de medidas cautelares contra el encargado de la política interna del país y los otros servidores, así como una tutela preventiva en la que les piden que “en todo tiempo ajusten sus actos y conductas a los límites y parámetros constitucionales, recalcándoles la prohibición de difundir mensajes de apoyo como los que hicieron y promover el proceso de revocación de mandato porque no está permitido con base en la Constitución”.
El titular de Gobernación fue denunciado por asistir a un acto a favor del mandatario López Obrador y para promover el voto para que continúe en el Ejecutivo hasta terminar su mandato.
Al respecto, el consejero Ciro Murayama dijo que “se trató de un fin de semana desafortunado para la democracia por la reiteración de faltas en distintas ciudades, en Veracruz, Hermosillo, Torreón”.
La denuncia también incluye el supuesto uso indebido de recursos públicos para promover la imagen del Presidente y la consulta de revocación, y destaca el uso de un avión de la Guardia Nacional para el traslado de los funcionarios a un acto prohibido, así como la participación del comandante de esa corporación, Luis Rodríguez Bucio.
Para Murayama, se trata de un hecho inédito en la historia democrática del país que es “la participación en eventos políticos de los cabezas de las Fuerzas Armadas, incluso con uniforme de servicio”.
Sin embargo, el INE no se pronunció sobre el uso de un avión oficial con fines electorales, sino que será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el que investigará y, en su caso, determinará si se configura el uso indebido de recursos públicos.
A cuatro días de la jornada de votación, el consejero dijo que durante el proceso de revocación hubo una “sobrecarga de violaciones de la Constitución y la ley, que ya de manera tan sistemática hemos visto por parte de quienes forman el Gobierno (…) Me parece que este proceso de revocación de mandato ha acumulado tantas violaciones a la ley que, sin duda, tienen efectos sobre la integridad y legalidad del proceso.
LDAV