México ha tenido un tránsito muy complejo en su desarrollo como nación, una de las materias pendientes es lograr ser, en los hechos, una democracia funcional.

Durante casi 70 años de hegemonía priista, se nos inculcó la importancia del deber cívico de votar y se nos impuso el voto como una obligación en el Artículo 35 Constitucional en contraposición del Artículo 34 que lo establece como un derecho.

Como a los mexicanos nos encanta que nos prohíban las cosas para, de inmediato, ver cómo nos burlamos de la autoridad, decidimos votar durante años por Cantinflas, Pedro Infante, Chabelo, etc. El sistema político se vengó dándonos los peores presidentes posibles.

La cumbre de este surrealismo democrático se dio en 1976, el candidato José López Portillo recorrió el país al grito de: La solución somos todos. Una campaña en que JLP fue el único candidato a la presidencia y que ganó además con 93.75% de los votos. Así nos fue.

La relevancia de los partidos políticos nacionales –la forma– por encima de los candidatos –el fondo– ha sido uno de los aspectos más negativos de nuestra democracia contemporánea. Los ciudadanos somos rehenes, hasta hoy, del corporativismo partidista del régimen en turno y seguimos atados a mandatos presidenciales excesivamente largos. Cuatro años sería lo deseable.

Hasta 1996, logramos la ciudadanización de las elecciones, y con el nacimiento del INE, en 2014, México dio un paso definitivo hacia su futuro democrático. Por lo menos así parecía.

En 2018, por la vía democrática llegó a la presidencia Andrés Manuel López Obrador, y desde allí y de la mano de la fuerza corporativa de su movimiento –Morena– AMLO ha intentado sistemáticamente desaparecer al INE e imponernos una regresión democrática para instalar un nuevo maximato y el regreso del partido único en el poder.

Hoy estamos inmersos en un debate público de si debemos o no votar en la Consulta de Revocación de Mandato al presidente López Obrador. El decreto para la Consulta se publicó el 20 de diciembre de 2021, el INE hizo lo propio el 7 febrero de 2022, ajustándose a las condiciones que dictó la Suprema Corte. Ya conocemos la forma. Por cierto, pésima.

Las casillas básicas y contiguas fueron diseñadas para poder recibir cada una a 750 votantes y que los funcionarios electorales ciudadanos pudieran hacer un cómputo correcto de los votos.

En esta Consulta sólo podrá instalarse un tercio de las casillas, por lo que las casillas deberán recibir -al menos- 2 mil 250 votantes. Aquí está una de las trampas de la Consulta: el número de funcionarios de cada casilla no se incrementa en la misma proporción. Conflicto a la vista.

¿A quién culparán AMLO y Morena de estos conflictos en la Consulta? Al INE. Muy conveniente.

¿Cuál es el fondo? Desde el punto de vista democrático no existe. Primero, porque la forma de la Consulta está diseñada para que AMLO gane sí o sí. Segundo, el objetivo estratégico es reventar al INE. Tercero, el verdadero fondo: ver con dos años de anticipación la capacidad de movilización de Morena y afinar todas sus baterías de cara a la elección presidencial de 2024.

Para los mexicanos que ya han decidido abstenerse de votar en la Consulta debe quedar claro que están en todo su derecho a hacerlo. La abstención no es indiferencia, tiene un significado muy profundo, es la forma más clara y directa de manifestar su desacuerdo cuando, desde el Gobierno y su movimiento, se intenta debilitar, manipular o destruir a la democracia.

Sólo usted, el elector, tiene la última palabra, todas las manifestaciones del voto son válidas. Incluida la abstención.

@Pancho_Graue

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