José Ureña
 

El cambio llegó antes del año.

Exactamente el 15 de diciembre de 2021.

Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra dejó la dirección de Administración del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y todo cambió.

El director de ese engendro, pésimo sucedáneo del Seguro Popular, Juan Antonio Ferrer Aguilar no tuvo objeción en dejar libre a su subordinado.

Lamoyi Bocanegra se fue al Banco del Bienestar a una función muy diferente bajo el mando de la exsubsecretaria Diana Álvarez Maury.

Pero para el país fue un cambio radical.

Entre las funciones del Insabi, se supone, está garantizar la proyección, compra y abasto de medicamentos para atender las principales enfermedades del país.

Esas a las cuales el Gobierno de Enrique Peña Nieto -claro, bajo un profesional de la medicina en la Secretaría de Salud (SSA) como el doctor José Narro Robles, dejó un inventario mayúsculo.

No para el inicio de la nueva administración o siquiera para 2019, sino para varios años y tal vez para cubrir el primer trienio del nuevo Gobierno, el que abolió el Seguro Popular.

Verbigracia: vacunas para enfermedades de protección infantil como sarampión, viruela y tuberculosis, claves para la salud de futuras generaciones.

Hasta para el papiloma humano, una pandemia a la cual se expone a la población femenina y para cuyo combate no hay siquiera un programa gubernamental de concienciación.

CERO PLAN PARA MEDICAMENTOS

Hoy no sabemos cómo viene el futuro.

El doctor José Narro Robles no pudo prever la compra de vacunas para el coronavirus porque todavía no aparecía en el mundo el Covid-19: eso sucedió en 2020.

Pero vaya un dato para valorar la herencia del exsecretario y exrector de la UNAM: no está prevista la compra de más biológicos.

Ni siquiera para el resto del año.

Hay carencias para todas las enfermedades descritas, y nadie sabe si será necesaria la cuarta dosis -para quienes llevan la de refuerzo, porque a muchos les falta éste- o se viene una variante más agresiva.

¿Pero cuál es el tema central de esta columna?

Simple: el administrativo Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra no aceptó tener vigilantes con uniforme verde oliva y prefirió recibir una nueva encomienda.

Lo relevó el Ejército Mexicano y no hay más datos.

Es decir, ahora los recursos, las provisiones, las compras y la distribución depende exclusivamente del Ejército Mexicano y no de expertos médicos como antaño lo hacía la SSA, el IMSS y el ISSSTE.

Ellos verán cómo se cubren.

Así estamos, así vamos a ciegas.

CERO DIÁLOGO CON LA OPOSICIÓN

Lo anunciamos aquí el 1 de marzo:

El Gobierno se abre a gobernadores panistas, no al PAN.

Todo está confirmado ahora.

Varios gobernadores azules fueron invitados a la inauguración de las ampliaciones de la Base Aérea de Santa Lucía para cubrir la imagen institucional.

Pero con el PAN es diferente, porque no se desea ningún diálogo con la oposición, sea priista, panista, perredista o emecista.

Ayer los legisladores, comandados por Santiago Creel, declararon imposible el intercambio de opiniones con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

Lástima, eso aleja los acuerdos.

Las opiniones expresadas por los columnistas son independientes y no reflejan necesariamente el punto de vista de 24 HORAS.