JOSÉ JOEL PEÑA LLANES

El día de ayer, el Consejo de Europa (CoE) publicó un comunicado de prensa para informar que su principal órgano decisorio, es decir, el Consejo de Ministros, decidió que la Federación Rusa dejara de ser miembro de dicho organismo internacional por las agresiones cometidas contra el Estado soberano e independiente de Ucrania, ya que constituyen una violación flagrante al Derecho Internacional, a lo establecido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y al artículo 3 del Estatuto del CoE: “Todo miembro del Consejo de Europa debe aceptar los principios del Estado de Derecho y del disfrute de los derechos humanos y de las libertades fundamentales por parte de todas las personas bajo su jurisdicción, y colaborar sincera y eficazmente en la realización del objetivo del Consejo”.

Esta decisión, que no se esperaba, al menos porque la protagonista de la defensa del Derecho Internacional ha sido tradicionalmente la Organización de las Naciones Unidas (ONU), representa un golpe al orden internacional, pues si bien el Consejo ha tenido algunas bajas y reingresos (los casos de Grecia y Turquía), ningún movimiento se ha dado en un contexto como el actual, en el que Rusia poco a poco va quedando aislado de los grupos de cooperación multilateral, entre otros campos.

Cabe recordar que, hasta el día de ayer, el CoE estaba integrado por 47 de los 48 Estados europeos (Bielorrusia es la excepción) y por seis Estados observadores (incluyendo a México) y su importancia radica en ser un organismo que ha adoptado instrumentos jurídicos esenciales para salvaguardar los Derechos Humanos y las libertades fundamentales, muchos de los cuales han sido ratificados por el gobierno ruso.

Como ejemplo, basta citar el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, de 1950; el Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal, de 1959; el Convenio Europeo para la Represión del Terrorismo, de 1977; el Convenio para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, de 1981; y el Convenio de derecho penal sobre la corrupción, de 1999, entre otros.

Sin embargo, también es cierto que la Federación Rusa no siempre se ha mostrado a favor de las labores del CoE, lo cual se manifestó con mayor claridad el día lunes, cuando el ministro de Asuntos Exteriores de dicho Estado, Serguéi Lavrov, envió una misiva a la secretaria general del CoE para notificar la intención de su gobierno de retirarse de la organización, bajo el argumento de que ésta se ha convertido en “un instrumento de política antirrusa, abandonando el diálogo igualitario y todos los principios sobre los que se fundó esta estructura paneuropea”.

Esta situación, de manera aislada, quizá no constituya un hecho que altere el orden internacional; no obstante, sienta un precedente importante que podría replicar Rusia en otros organismos internacionales y regionales o, incluso, otros Estados del orbe que se sientan relegados en un sistema internacional que, como también señala el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, se caracteriza por la presencia de organizaciones occidentales que fungen como “un medio de apoyo ideológico para la expansión militar-política y económica (de la OTAN y la Unión Europea) hacia el este, la imposición de un orden basado en reglas que les resulta rentable, y de hecho un juego sin reglas”.

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