Si todas las fiscalías para investigar delitos electorales fueran lo eficiente que la de Nuevo León, no habría oportunidad para las trampas de todos los partidos políticos y sus destacados militantes.

Para nadie fue un secreto la utilización de recursos humanos y financieros del Gobierno de Nuevo León, a cargo de Jaime Rodríguez “El Bronco’’, en su fracasada campaña por ganar la Presidencia de la República.

El asunto fue juzgado por el Tribunal Electoral y se determinó que, efectivamente, el gobernador había utilizado para su beneficio recursos públicos.

Incluso el tema llegó hasta el Congreso local en donde se esperaba que el gobernador fuera inhabilitado, pero los diputados locales lo dejaron pasar.

Ahora, a unos meses de haber dejado el cargo, se ejecutó una sorpresiva orden de aprehensión que lo tiene ya como miembro del club de exgobernadores presos.

Son tantos, que hasta podrían hacer su propia Conago en el penal.

Pero, volviendo al tema de las fiscalías para combatir los delitos electorales, lo del Bronco es un garbanzo de a libra, porque solo basta ver lo que está ocurriendo con la promoción ilegal de la consulta de revocación de mandato para darnos cuenta que existen dos varas para medir el mismo delito.

Unos 278 espectaculares fueron colocados de manera indebida, violando toda la reglamentación aprobada por los senadores y diputados de Morena, sin que haya pistas de quiénes contrataron esos espacios ni del origen de los recursos invertidos.

Los servidores públicos han sido obligados a promover la revocación y los programas sociales, incluida la campaña de vacunación, son utilizadas como cebos violando las leyes en la materia para tratar de obligar a los beneficiarios de esos programas a acudir a votar y, además, hacerlo a favor del Presidente.

¿Qué delito electoral más grave puede haber que aprovecharse de la necesidad de la gente?
Lo del Bronco, comparado con las violaciones cínicas y descaradas de la legislación electoral, es cosa de párvulos.

Sin embargo, dada la animadversión que se tenían el exgobernador neoleonés y el inquilino de Palacio Nacional -además del pleito con Samuel García-, parece que Jaime Rodríguez pasará unas semanas tras las rejas.

Si las fiscalías especializadas en el combate a delitos electorales estuvieran haciendo su trabajo, hoy no cabrían los detenidos en las cárceles del país.

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El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena será el responsable de elaborar el segundo proyecto de sentencia respecto a la solicitud de amparo promovida por la expareja y la hija política de Federico Gertz Manero.

Después de la discusión del lunes en el pleno, se pensaba que sería una ministra la encargada del nuevo proyecto, sobre todo por la empatía de género mostrada por algunas ministras.

Pero la responsabilidad recayó en Gutiérrez, quien votó en contra del proyecto anterior y no se pronunció, como sí lo hicieron otros cinco ministros, por la libertad inmediata de Alejandra Cuevas y la cancelación de la orden de aprehensión en contra de su madre, Laura Morán.

Gutiérrez se comprometió a tener listo el proyecto a la brevedad, pero pueden pasar semanas o meses antes de que el asunto vuelva a debatirse en el pleno.

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Un periodista más fue asesinado en Michoacán.

Se trata de Armando Linares, director del medio “Monitor’’, quien fue asesinado a balazos en Zitácuaro.

Hace unas semanas, Linares publicó un video, en el defendía el trabajo de su reportero Roberto Toledo, asesinado en un despacho en el que colaboraba.

Más material para el Parlamento Europeo.

O qué, ¿mencionarlo también es injerencia?

 

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