Tras señalar que durante 2020 se identificaron al menos 150 casos de violencia vicaria, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), llamó a los legisladores a analizar, impulsar y aprobar “a la brevedad” una legislación en la materia y considerar la asignación de recursos presupuestales, materiales y humanos para su ejecución.
La violencia vicaria es aquella forma de violencia contra las mujeres en la que se utiliza a los hijos e hijas y personas significativas para ellas, como un medio para dañarlas o producirles sufrimiento, y que, de acuerdo con la literatura disponible en la materia, es perpetrada generalmente por los progenitores de las y los niños en los casos en que las agraviadas deciden terminar su relación o denunciar la violencia ejercida en su contra, explicó la CNDH.
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El organismo informó que en los primeros meses de 2020, tuvo diversas solicitudes de apoyo e intervención por parte de numerosos grupos de mujeres, quienes se identifican como víctimas de violencia vicaria por parte de diversas autoridades de los tres órdenes de gobierno.
“Por lo anterior y toda vez que se han manifestado diversas inconformidades contra la actuación de autoridades judiciales, fiscalías y procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes en diferentes entidades federativas del país, la CNDH urge a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a identificar los casos de violencia vicaria en sus respectivos ámbitos de competencia”.
Además, pidió la implementación de medidas y mecanismos efectivos para prevenir, atender y erradicar toda forma de violencia contra las mujeres y sus hijas e hijos, así como para garantizar que los asuntos en que se vean involucradas niñas, niños y adolescentes sean atendidos por personal experto y especializado en esa materia, para asegurar que se adopten decisiones que respondan a sus derechos e interés superior.
La CNDH identificó un patrón de violaciones frecuentes a derechos de las mujeres y los de sus hijas e hijos, entre ellos, la separación forzada y sustracción ilícita de sus hijos e hijas; la falta de aplicación del Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); la falta de aplicación de la suplencia de la queja, la suspensión de audiencias sin justificación suficiente, la solicitud de dádivas para llevar a cabo diligencias de notificación; la dilación injustificada de procesos de guarda, custodia y alimentos; el inicio y trámite de carpetas de investigación en su contra y su judicialización sin pruebas suficientes.
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Así como el otorgamiento de cuidados parentales concedido a los progenitores agresores por autoridades de las procuradurías de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes sin una adecuada valoración del interés superior de la niñez e incluso, en contravención a determinaciones jurisdiccionales.
En tanto, celebró la presentación de diversos proyectos de Ley para el reconocimiento, atención y prevención de la violencia vicaria y la reciente publicación del Protocolo Analítico para Juzgar con Enfoque de Género emitido por el Poder Judicial de la Ciudad de
México.
EAM