La revelación de las conversaciones entre el fiscal Alejandro Gertz Manero y el fiscal de control de la misma dependencia, Juan Ramos López, no solo exhibe a la Fiscalía General sino a la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En las conversaciones se entiende, por las palabras de Gertz, que había un “compromiso’’ de la Corte para negar el amparo que solicita Alejandra Cuevas Morán, acusada de haber participado en el supuesto homicidio del hermano del fiscal, Federico Gertz.

El proyecto de la sentencia fue elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán, a quien el fiscal de control Ramos López acusa de “no cumplir lo que prometió’’.

“Se nos volteó por completo’’, remata Alejandro Gertz.

El proyecto, de acuerdo con las grabaciones hechas públicas porque no se ha publicado en estrados, concedería el amparo a Cuevas Morán para dejarla en libertad.

Eso es lo que reclama Gertz y consulta con Ramos López.

Pese al sentido del proyecto, Gertz asegura que cuenta con “cuatro ministros que no se la van a dejar pasar’’.

Vayamos por partes.

Es un delito federal espiar comunicaciones; se debe investigar de dónde salieron los audios comprometedores que tienen un enorme tufo a fuego amigo.

El fiscal mantenía diferencias irreconciliables con el consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, pero también con otros miembros del gabinete que le reclamaban no haber llevado a prisión a ningún pez gordo acusado de corrupción.

Que se investigue.

Pero ese no debe ser el meollo del asunto, sino la utilización de la Fiscalía General para una venganza personal en aparente connubio con algunos ministros de la Corte.

¿A qué se había comprometido Pérez Dayán y no cumplió, según el reclamo del fiscal?

¿Quiénes son los 4 ministros “que tiene’’ Gertz a favor de mantener en prisión a la hijastra de su hermano fallecido?

¿Por qué el fiscal tuvo primero que nadie el proyecto de resolución rompiendo los protocolos de la propia Corte?

¿Qué tiene que decir el ministro presidente Arturo Zaldívar de este escándalo que involucra al máximo tribunal del país que se supone debe ser imparcial?

Y lo más importante, después de estas revelaciones, ¿se mantendrá Gertz en la Fiscalía? ¿Se mantendrá también el sentido del proyecto a favor de la acusada, aunque implique reconocer implícitamente que Gertz pudo haber manipulado la ley a su favor?

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Lo ocurrido en el estadio de futbol de la Corregidora, en Querétaro, el sábado anterior, demuestra efectivamente el grado de violencia que se extiende en diversos ámbitos del país pero también la tibieza y la anteposición de los intereses económicos de autoridades y empresarios al bienestar común.

La información “oficial’’, niega la existencia de muertos aunque los videos y decenas de fotos publicadas en redes sociales dan otra impresión, por lo menos.

La fiscalía local, informó que “llamará a declarar’’ a los empresarios dueños del club Gallos de Querétaro y a los funcionarios estatales que debieron vigilar el cumplimiento de las normas de protección civil.

No hubo policías ni paramédicos; fue una negligencia criminal de empresarios y autoridades.

Y para que no haya duda de “la severidad’’ -ajá-, de las sanciones, el otrora responsable y serio Mikel Arriola salió a anunciar que prohibirán “a las barras viajar y entrar a los partidos’’.

Bueno, hasta la FIFA, que pudo haber aprovechado la oportunidad para sentar un precedente en contra de la violencia, emitió un boletín rechazando la violencia en “cualquier estadio’’ pero cuidando, desde luego, los cientos de millones de dólares que le representa el futbol mexicano.

Más timoratos no se puede.

LEG