El despliegue de la Guardia Nacional no está relacionado con los índices delictivos de las entidades o la población, y se carece de una explicación oficial sobre la distribución de sus elementos, refiere un informe elaborado por el organismo Causa en Común.
De acuerdo con los datos recabados, en enero de este año las entidades con el mayor número de elementos de la corporación fueron Ciudad de México con 13 mil 102, seguido por el Estado de México con nueve mil 927, Jalisco seis mil 735; Guanajuato con seis mil 603 y Michoacán donde se destinaron seis mil 508 efectivos. En total el país cuenta con más de 100 mil elementos.
El pasado 20 de diciembre el Gobierno federal informó que tenía 113 mil 863 efectivos, de los cuales cerca de 100 mil conformaban la fuerza operativa para garantizar la seguridad y la construcción de la paz en el país.
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Genaro Ahumada, investigador de Causa en Común, dijo a este diario que en la CDMX hay una policía civil muy fuerte con muchos elementos, pero también hay un aumento miembros de la GN; tan solo en 2019 había tres mil y a diciembre de 2021 la cifra llegó a 13 mil, sinque haya una justificación.
“En índices delictivos en homicidios dolosos la capital aparece en el número 12 no es un tema de distribución a partir de datos de incidencia delictiva porque si así fuera Guanajuato tendría que ser la entidad con mayor número de elementos”, expuso.
Fuentes de la corporación señalaron que en la capital se encuentra la sede administrativa de distintas áreas de la institución, además de las bases de despliegue, evaluación y reclutamiento, por lo que los números fluctúan.
Ahumada añadió que la Guardia tendría que ser vista como una corporación policiaca y no castrense, y sus 113 mil elementos deberían ser certificados como policías civiles, “hay un rezago en la certificación estamos hablando de 85% que no cuentan con este documento”.
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El reporte señaló que, a más de dos años de su creación, es claro que se trata de una corporación militar.
Además, el actual gobierno ha incrementado, como ningún otro, la presencia y el poder de las Fuerzas Armadas no solo en tareas de seguridad pública, también en muchas otras labores que no les corresponden.
Indicó que la militarización corre en detrimento de las policías locales, con estancamientos presupuestales o mermas de recursos, así como la incorporación de personal militar en puestos directivos.
LEG