La iniciativa de reforma energética propuesta por el Ejecutivo federal está enfocada en crear una “súper” Comisión Federal de Electricidad (CFE) con un director y un sindicato con tanto, o más poder que el propio Presidente de la República, aseveró Santiago Arroyo Seguedo, director de la empresa Ursus Energy.
Al participar en los foros de Parlamento Abierto para el análisis de la reforma que ayer abordó el tema de: “Electricidad como Derecho Humano de Rango Constitucional”, el experto advirtió que la iniciativa relegará a los consumidores a convertirse en meros pagadores y con el riesgo de que se utilice el servicio como moneda de cambio electoral.
TE PUEDE INTERESAR: Encuentran sin vida a la diputada Celeste Sánchez
“Sin pasar por alto el hecho de que vulnera la estructura del Estado democrático mexicano.
“Pongan un freno a la reforma eléctrica si es que les interesan los jóvenes y las mujeres, porque esta iniciativa solo representa a hombres canosos con ideas del pasado”, dijo Arroyo Seguedo ante los legisladores.
Agregó que en el país todavía existen 12 mil 300 comunidades que no cuentan con acceso a la electricidad, lo que representa 1% de la población que sobrevive en pobreza energética extrema.
En su oportunidad en los foros que se llevan a cabo en la Cámara de Diputados, Claudia Aguilar Barroso, directora del Despacho Aguilar Barroso y Asociados indicó que la iniciativa, como está planteada, no garantiza el acceso al servicio eléctrico porque centraliza el control de la generación y distribución de la energía en la CFE.
Además, expresó, que no se garantiza la accesibilidad a la electricidad, pues el criterio de despacho contenido en la iniciativa, determina que se le daría preponderancia a la energía generada por la CFE, lo cual no es económico ni eficiente y se corre el riesgo de que se traduzcá en mayores tarifas para los usuarios o que el Estado deba aplicar mayores subsidios.
TE PUEDE INTERESAR: Grupo de turistas protagonizan pelea campal en el mirador de Zacatlán, Puebla
Aguilar Barroso señaló que no es correcto plantear la premisa de que si el servicio eléctrico es un derecho humano este debe estar controlado por el Estado, pues con ello no se garantiza que el fluido sea más eficiente o de mejor calidad.
Por su parte, Martín Esparza, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, consideró que la única forma de garantizar que los ciudadanos puedan acceder al servicio eléctrico, pasa necesariamente por frenar la privatización del sector.
LEG