La Auditoría Superior de la Federación (ASF) halló irregularidades financieras en Diconsa, Liconsa y Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) por 8 mil 637 millones de pesos, durante el segundo año de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con las auditorías a esas empresas estatales, Diconsa debe solventar mil 413 millones de pesos; Liconsa, mil 583 millones, y Segalmex, 5 mil 640 millones de pesos.
Uno de los mayores montos observados fue por 813 millones 935 mil pesos, debido a la falta de comprobación con facturas de diversos productos que salieron de los almacenes, por lo que el órgano fiscalizador abrió un periodo de dos meses para que Diconsa entregue los documentos.
La Cuenta Pública 2020, en su análisis a la operación financiera de esa dependencia, detectó “un posible daño a la Hacienda Pública” por 294 millones de pesos por irregularidades en los inventarios de los programas de abasto rural.
El dictamen señala que las anomalías son “por la diferencia entre lo reportado en las Actas de la Toma Física de Inventario y los registros contables y no acreditar con existencias físicas lo reportado contablemente”.
Otra observación fue por 117.9 millones de pesos por “adeudos no recuperados de cuatro subcuentas y por desistir del saldo a favor de 2014, cuya fecha de solicitud de devolución ante el SAT se encuentra prescrita”.
Además, 53.2 millones de pesos fueron por la falta de documentación que acredite “el cumplimiento de la prestación del Servicio Integral Especializado en Apoyo a Actividades Institucionales”, entre otras irregularidades financieras.
Hace unas semanas, la Secretaría de la Función Pública (SFP) detectó posibles irregularidades cometidas por servidores públicos de Liconsa, Diconsa y Segalmex, así como proveedores y prestadores de servicios entre 2019 y 2021, que pudieran derivar en responsabilidades administrativas o penales, por lo que se presentaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Víctor Villalobos Arámbula, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, ordenó separar de su cargo a varios servidores públicos, así como solicitar la intervención jurídica y administrativa en varias instancias.
REVISIÓN GENERAL
La ASF entregó a la Cámara de Diputados la fiscalización del segundo año de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en la cual 60 mil 229 millones de pesos pendientes por aclarar.
De acuerdo con el Tercer Informe de la Cuenta Pública 2020, de la cifra general, 39 mil 565 millones de pesos corresponden al gasto federalizado; es decir, los fondos que se envían a las 32 entidades y los restantes a las dependencias federales, órganos autónomos, empresas productivas, entre otras.
Respecto a las transferencias a entidades, la administración federal tiene pendientes por solventar 5 mil 571 millones de pesos; los 32 estados del país, 25 mil 692 millones de pesos, lo cual representa 65% de lo observado.
Para este año, la ASF ya no fiscalizó el impacto de la desaparición de fideicomisos, ni auditó a Mex Gas, la cual es encargada de operar Gas Bienestar.
… Y en megaobras detectan anomalías por 329.5 mdp
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) halló irregularidades administrativas y financieras por 329.5 millones de pesos en las obras insignia del Gobierno de la autoproclamada cuarta transformación.
El tercer informe correspondiente a la Cuenta Pública 2020 –segundo año de la administración de Andrés Manuel López Obrador–, incluye 27 fiscalizaciones a la construcción del Tren Maya, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y refinería de Dos Bocas.
Los recursos con irregularidades representan 0.7% de la muestra auditada en las tres obras, cuyo monto fue de 44 mil 982 millones de pesos.
El informe indica que la mayor anomalía por aclarar está en la construcción de la obra ferroviaria en el sureste mexicano, con 267.8 millones de pesos.
De acuerdo con el reporte, en la construcción del Tramo 4, Izamal-Cancún están pendientes de aclaración 100.4 millones de pesos; en el de Palenque-Escárcega, 50.2 millones, y en el de Escárcega-Calkiní, 25.8 millones de pesos.
A su vez, la Auditoría determinó que las inconsistencias en la Manifestación de Impacto Ambiental de la Obra (MIA) causarán “afectaciones ambientales en la región donde se lleva a cabo el proyecto, así como los efectos adversos y sus consecuencias a 12.1 millones de habitantes de los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, de los que 3.6 millones corresponden a la población indígena”.
Los retrasos en la construcción del tren, el aumento de 26% en los costos netos de construcción, al pasar de 141 mil a 178 mil 984 millones de pesos, y la falta de actualización de los indicadores de rentabilidad, demanda de pasajeros y de carga, podrían generar que se retrase la entrada en operación del proyecto, prevista para 2023.
Respecto a la refinería de Dos Bocas, cuya edificación se encuentra en los tramos finales, la ASF practicó seis auditorías a Pemex respecto a seis paquetes de contratos, en las cuales halló 59.2 millones de pesos de presuntas irregularidades financieras.
Según la Auditoría, la refinería de Dos Bocas cumplió en 2020 con su planeación, gestión de riesgos y avances, por lo cual solo le recomendó incorporar una “estrategia para el abastecimiento de petróleo crudo a la refinería, en el que se especifiquen los mecanismos de coordinación con Pemex Exploración y Producción y la infraestructura para garantizar el hidrocarburo, considerando al resto de las refinerías que integran al Sistema Nacional de Refinación”.
Otra de las obras auditadas es la construcción del AIFA, cuyo arranque de operaciones se prevé para el 21 de marzo, y en la cual se descubrieron 2.4 millones de pesos de presuntas irregularidades financieras.
Según la fiscalización, en la edificación de la Unidad Habitacional Militar del Aeropuerto Internacional, en Santa Lucía, en el Estado de México, se observaron un millón de pesos; además, 600 mil pesos que hacen falta aclarar por pagos en dos frentes de trabajo y 634 mil 505 pesos en el proyecto carretero para el ingreso a la terminal aérea.
En otros señalamientos, que no se incluyen como pliegos de observaciones o solicitudes de aclaraciones de recursos públicos, pero sí del orden administrativo, la Auditoría indicó que la Secretaría de la Defensa Nacional aportó recursos con cargo al Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar, del cual no se reportaron 20 mil 243.1 millones de pesos.
Además, el Ejército destinó 12 mil 275.1 millones de pesos para el pago de predios en capítulos de gastos que no podían ser utilizados bajo esa figura.
Y recibieron donaciones por parte del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México de materiales, equipos y bienes muebles con un valor registrado de 6 mil 12.1 millones de pesos, con la definición de “costo cero”.
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