Francisco Diez Marina Palacios

La transición energética constituye uno de los principales desafíos de nuestra época. Al tratarse de un asunto complejo, se requiere una respuesta global que plantee la estructura de los modelos de producción y consumo de energía, con la finalidad de trasladarnos de un sistema basado en los combustibles fósiles hacia uno sustentado en las energías limpias.

Sin embargo, este planteamiento implica una serie de retos paralelos: la disminución de las emisiones de dióxido de carbono; el desarrollo de esquemas de autoconsumo eléctrico; el manejo del consumo de energía; la salud de la población, entre otros. Por ello, debe ir acompañada de instrumentos y políticas públicas de corte medioambiental, económico y de seguridad.

La transición energética es una de las fórmulas clave para enfrentar el cambio climático y limitar, responsable y progresivamente, la emisión de gases de efecto invernadero. La energía es indispensable para el avance económico y la competitividad nacional. Es un “elemento central del desarrollo”, según el Banco Mundial, con incidencia en diferentes ámbitos (educativo, industrial, sanitario, tecnológico, etcétera). Asimismo, es un ingrediente esencial para aliviar la pobreza energética, cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible y abatir las carencias sociales.

El Estado mexicano ha suscrito distintos acuerdos multilaterales en materia ambiental; quizá el más significativo es el Acuerdo de París, tratado internacional sobre el cambio climático cuyo propósito es mantener el aumento de la temperatura mundial muy por debajo de dos grados centígrados, preferiblemente 1.5°C, en relación con los niveles preindustriales. Ahora bien, necesitaremos una reducción de 45% en las emisiones de gases para 2030.

México se encuentra entre los 20 países más emisores, de los 195 contemplados por Naciones Unidas. En la actualización del Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 1990-2017, las emisiones crecieron 65% a un ritmo anual de 1.9%. Por consiguiente, en su Contribución Determinada a nivel Nacional, nuestro país se comprometió a bajar en 22% las emisiones de gases de efecto invernadero y en 51% las de carbono negro a finales de la década.

Si bien no podemos ignorar el papel que han desempeñado los combustibles fósiles en la conformación de nuestras ciudades, actividades, dinámicas e identidades, es preciso volver a enmarcar la discusión en torno al sector energético. Ésto supondrá movernos de unas fuentes de energía a otras, así como repensar la manera en que nuestras sociedades están organizadas.

La transición energética de Estado no sólo exige un cambio tecnológico-financiero, sino una profunda transformación social, política y económica por el bienestar del pueblo mexicano.

¿O será el logro de esta transición otra de las cosas que no hacemos?

 

Consultor y profesor universitario

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