Foto: Archivo Cuartoscuro Durante la sesión de ayer, los legisladores apresuraron a aprobar iniciativas pendientes en favor de la niñez  

Más tardaron los senadores de la República en regresar a sus actividades que en irse de puente y es que luego de dos sesiones (sólo en una de ella aprobaron dictámenes), del recién estrenado periodo ordinario, los legisladores tendrán un puente de seis días, por lo que regresarán a trabajar hasta el 9 de febrero.

Durante la sesión de ayer, los legisladores apresuraron a aprobar iniciativas pendientes en favor de la niñez.

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Ante ello, y por unanimidad, acordaron obligar a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a prevenir, atender sancionar los casos de esclavitud de niñas niños y adolescentes.

Al presentar el dictamen, la senadora Josefina Vázquez Mota, presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, informó que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México hay más de tres millones de menores que trabajan, de ellos cerca de dos millones lo hacen en condiciones precarias y peligrosas.

El dictamen aprobado que fue enviado al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, destaca que la esclavitud es un problema actual con múltiples caras, que no sólo abarca el trabajo infantil, sino que incluye otras formas de sometimiento como la trata de menores, reclutamiento de niños soldados, matrimonio forzado, esclavitud por deuda, entre otros.

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Además, aprobaron declarar el 29 de abril de cada año como el “Día Nacional contra la Sustracción de Menores”.

En este proyecto, que también se remitió al Ejecutivo Federal, los senadores advirtieron que la sustracción interparental de menores es una forma de violencia infantil, pues los menores son expuestos a daños psicológicos de alto impacto, como miedo intenso, sentimiento de confusión y sensación de indefensión.

Vázquez Mota indicó que cualquier acto que implique la separación del niño de sus padres o de alguno de ellos, contrario a su interés superior, representa una vulneración a sus derechos, y el Gobierno está obligado a realizar acciones tendientes a restituir sus derechos vulnerados.
Asimismo, los legisladores dieron su voto a favor de garantizar a niñas, niños y adolescentes servicios educativos en condiciones óptimas y libres de violencia.

Y propusieron que se pongan en marcha cursos de sensibilización, dirigidos a servidores públicos, personal administrativo y docentes, sobre igualdad de género, así como para prevenir y atender los diferentes tipos de violencia, con el fin de evitar la reproducción de “roles estereotipados de género” e impulsar la igualdad sustantiva.

LEG