Foto: Cuartoscuro Desde hace años, la comunidad universitaria se ha manifestado en contra de la violencia que se registra en los diversos campus  

Las trabajadoras que ocupan los niveles más bajos del escalafón, como auxiliares de intendencia, secretarias y bibliotecarias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), son en quienes impacta más la violencia de género.

Así lo afirmó Mary Carmen Larralde Hurtado, secretaria de Acción para la Mujer del STUNAM, en entrevista con este diario; y detalló que desde 2017 –cuando asumió el cargo– acumula 450 oficios que involucran a más de 500 víctimas de violencia de género en todos sus tipos, e involucra a trabajadores administrativos de base, y también de confianza.

Este diario publicó que el Tribunal Universitario de esta universidad resolvió, en 19 meses, 14 quejas de 195 relacionadas con violencia de género, que iban desde acosos, hostigamiento, tocamientos, expresiones inapropiadas hasta violaciones.

Sin embargo, el presidente de ese órgano, Eduardo López Betancourt, puntualizó que la oficina de Transparencia UNAM no tenía el detalle de las quejas y solo en 2020 atendió 169 casos de violencia de género, de las cuales resolvió 107; mientras que en 2021 tuvo 123 quejas por esta misma causa y emitió sentencia en 121.

Larralde Hurtado detalló que las quejas más frecuentes por las que acuden por ayuda las trabajadoras universitarias son acoso sexual, violencia patrimonial traducida en suspensiones laborales o rescisión de contrato; violencia física, verbal e institucional, y que tiene tres casos de violaciones.

Expresó que aproximadamente un 25% de los 450 expedientes que ha abierto han derivado también en denuncias penales.

“Si el estado emocional de la víctima me lo permite y ella misma me lo permite, me la llevó a iniciar el procedimiento penal, que es muy sinuoso y complicado, pero casualmente cuando iniciamos estos procedimientos, la maquinaria administrativa de la UNAM empieza a funcionar”, manifestó.

Los planteles que sobresalen por el número de casos que se reportan, continuó, son la Facultad de Ingeniería, el CCH Oriente, CCH Sur y la Preparatoria 7.

Larralde Hurtado urgió a que el Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la UNAM clarifique el tipo de sanción de acuerdo a la agresión que comete el victimario, pues éstas quedan a criterio de los directores y donde «los secretarios administrativos son intocables”.

“El problema con el Protocolo es que a los trabajadores académicos y administrativos les cae toda la ley, mientras que a los empleados de confianza y lo que son funcionarios solo les da un aviso de sanción, es decir, es un aviso de “pórtate bien, ya bájale”, comentó.

Explicó que en la Ley General del Trabajo se establece como falta grave la violencia en razón de género, pero el contrato colectivo de trabajo del sindicato de los administrativos universitarios no tiene esa figura como falta grave.

“Yo lo quise proponer y medio comité ejecutivo casi me mata, ‘que cómo se me ocurre, que son casos aislados’, aún así, la Universidad tomó resoluciones de rescisión de contrato que lo hacen porque ya de plano son casos de victimarios que les quitan a su víctima y buscan otra, por eso no le queda al directivo más opción que emitir un resolutivo”, dijo Larralde Hurtado.

Otro obstáculo al que se enfrenta para procurar justicia a las mujeres violentadas en razón de género, continuó, es que varias dependencias de la institución ni siquiera le contestan los oficios que elabora.

FRASE
“La violencia en razón de género es una pandemia similar al Covid-19, solo que no se ha catalogado igual”
Mary Carmen Larralde Hurtado, secretaria de Acción para la Mujer del STUNAM

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