Imputan a 16 exfuncionarios del sistema penitenciario por probable sobrecosto en contratos
 

Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) formularon la imputación contra 16 de los 19 indiciados en el caso del probable sobrecosto de más de 62 mil millones de pesos en los contratos de prestación de servicios privados en ocho prisiones de alta seguridad.

Fuentes consultadas señalaron que los exservidores públicos pagaron un sobreprecio de 62 mil 840 millones de pesos en ocho contratos en los que se invirtieron 270 mil millones de pesos para la construcción y prestación del servicio en las prisiones Michoacán, Sonora, Durango, Guanajuato, Chiapas, Oaxaca, Coahuila y Morelos.

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La audiencia que inició a las 12:00 horas en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, al cierre de la edición no concluía, la cual se efectuó por videoconferencia ante los contagios de covid-19.

Entre los indiciados están el General Sergio Alberto Martínez, que se desempeña como coordinador de los Centros Penales Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, sus antecesores el General Salvador Camacho Aguirre y Celina Oseguera Parra.

Así como Sergio Montaño, ex Oficial Mayor; Arturo Sosa, director de Administración; y Marco Antonio Villarreal, ex director de Adquisiciones, todos en la Secretaría de Seguridad Pública federal.

También Paulo Uribe y Óscar Moreno, ex directores generales de Administración del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), y los ex coordinadores de centros federales Antonio Molina Díaz y Saúl Castro Castro.

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Al concluir la audiencia inicial, los ex funcionarios decidirán si solicitan ampliar el plazo para que les definan su situación jurídica o pueden pedir que el juez la resuelva.

Los ex servidores que no fueron imputados son Jannet Miriam Martínez, ex directora de Adquisiciones del OADPRS, porque tiene Covid-19, y Gonzalo Villarreal, ex coordinador de Centros Federales, ya que sus abogados también están contagiados. En el caso de Javier de Haro desde el 2021 se le declaró inimputable porque está incapacitado debido a motivos de salud.

OH