El prestigiado Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (CASEDE) acaba de circular un análisis estricto de la estrategia de seguridad de Yucatán bajo gobiernos priistas y panistas y ha revelado que las cifras bajas de inseguridad responden a una estructura autoritaria de la justicia.
El documento titulado La paz como mito: el insostenible modelo de Seguridad Pública de Yucatán analiza el reinado de Felipe Saidén como secretario de Seguridad pública de 1995 a 2001 y de 2007 a 2024, sumando nada menos que 24 años de control estricto de la seguridad, luego de haber sido director municipal de seguridad en Benito Juárez, Quintana Roo, y salir con acusaciones y procesos por complicidad con el crimen organizado.
La función de Saidén como zar de la seguridad yucateca ha estado salpicada de graves denuncias de violación de derechos humanos, arrestos manipulados, fabricación de delitos, torturas, abuso de autoridad, violación del principio de inocencia, incomunicación, intimidación, cateos y visitas domiciliarias ilegales, entre otras irregularidades en el ejercicio de la autoridad policiaca.
La mano dura del jefe de seguridad en Yucatán lo ha excluido de la supervisión de autoridades legislativas, ha anulado las funciones del fiscal estatal y ha centrado en la policía un poder por encima de las leyes. Un reporte de una organización social revela que la violación de derechos y las torturas “han adquirido carta de naturalización en Yucatán”, bajo el argumento de mantener el orden y el estatus de estadio limpio de crimen, justificando actividades represivas.
En este contexto, CASEDE concluye que el modelo yucateco de seguridad es insostenible, violatorio de derechos y representa “un mito” autoritario con altos costos democráticos e institucionales.
Zona Zero
- El periodista especializado Ricardo Ravelo está circulando su libro Los narco políticos (Harpers Collins) una revisión que hacía falta para precisar el crimen organizado como articulado a las estructuras políticas de poder. Revisa casos de nueve gobernadores vinculados al narco, amplia datos sobre Genaro García Luna y pasa revista a la vida delictiva de diez capos y sus relaciones con el poder institucional. La investigación de Ravelo parte del criterio de que no hay crimen organizado sin la complicidad gubernamental en los diferentes niveles.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
seguridadydefensa@gmail.com
@carlosramirezh