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El gobierno federal persiste en el error al mantener la misma política de minimizar los riesgos y seguir con un plan de vacunación discriminatorio que ha sido combatido vía amparo ante los juzgados federales de todo el país, declaró la secretaria general del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Adriana Díaz.

“Una tasa estimada del 188 por ciento de contagios, debería ser razón suficiente para tomar medidas que detengan su tendencia y alcance los niveles de la segunda o tercera ola”, señaló la líder partidista.

Rechazó la postura del gobierno de minimizar los riesgos y lamentó que, la preocupación de la ciudadanía por protegerse y cuidar a su familia, sea catalogada como “alarmista” o “ansiedad individual” por el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

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“No es ético que los responsables de cuidar la salud pública del país, minimicen los riesgos y nuevamente sean las personas las encargadas de romper la cadena de transmisión”, afirmó.

Por otra parte, Adriana Díaz Contreras lamentó que se invisibilice la coexistencia de Ómicron con otras variantes, como la Delta, o incluso con la influenza; que ignoren las adversidades del clima invernal y sigan empecinados en continuar con las actividades escolares y laborales sin dudar.

Ante el recontagio del presidente, Andrés Manuel López Obrador, la líder perredista opinó que no debería ser normal que las personas se contagien más de una ocasión, ni aunque los malestares sean leves. Además, no todas las personas recontagiadas tienen las mismas condiciones de salud pre y post-Covid, por lo que no deberían minimizarse los riesgos.

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Ante ello, propuso reconocer el derecho humano universal de las personas para acceder a la protección de la salud y autorizar la vacunación a los niños y niñas desde los 5 años en adelante, como ya ocurre en distintas partes del mundo.

Además, regresar a las clases virtuales temporalmente en todos los niveles educativos; implementar el Ingreso Básico Universal para reducir la pobreza, los efectos de la actual carestía y el rezago estructural del empleo; y vigilar el suministro y precio de medicamentos, tratamientos y pruebas Covid-19 para que todas las personas puedan acceder a ellos de forma oportuna, calidad y a precios accesibles.

LDAV