El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai) acordó presentar una controversia constitucional contra el acuerdo presidencial que clasifica como de Seguridad Nacional las obras de infraestructura y proyectos de la actual administración.
En su sesión de ayer, los comisionados indicaron que el documento, impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se “traduce en un obstáculo a la aplicación del principio de máxima publicidad en la medida en que dificulta la difusión y entrega de información relacionada con proyectos de infraestructura”.
El acuerdo, publicado el 22 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación, “se aleja del régimen constitucional, pues da lugar a que toda información de las obras de infraestructura de los sectores, antes precisados, tenga el carácter de reservada de manera general, previa y dogmática”.
Los comisionados apuntaron que el llamado “decretazo” va en contra de la Constitución, en particular del artículo 6 sobre la transparencia y acceso a la información, por lo que “la mejor manera de velar por (éstos) es buscar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie sobre los problemas de inconstitucionalidad que hemos detectado”.
Más temprano, partidos de oposición en el Senado insistieron en que buscarán detener el acuerdo y lamentaron la postura de la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, por no presentar una controversia constitucional ante la SCJN.
La bancada de Movimiento Ciudadano rechazó que la ministra en retiro utilice criterios jurídicos diferenciados para rechazar la impugnación de un decreto que, “a todas luces, invade competencias legislativas y, por lo tanto, puede y debe ser controvertido por el Senado”.
En tanto, el coordinador de los senadores del PAN, Julen Rementería, calificó de ilegal la decisión de la Sánchez Cordero. “Me parece que la Presidenta interpreta o añora aquellos tiempos cuando fue ministra de la Corte y lo que quiso hacer es una interpretación”.
LEG