En las cárceles del país, seis de cada 10 internos han sido agredidos por autoridades y prevalece la entrega de mordidas a los custodios.
Así lo revelaron reos en una encuesta realizada entre junio y julio pasado por el Inegi, mediante la cual se entrevistó 67 mil 584 reclusos de 203 centros penitenciarios de los ámbitos federal y estatal de las 32 entidades del país.
Las internas señalaron como las principales agresiones de parte de las autoridades, ataques sexuales y violación; mientras que los hombres, patadas, puñetazos y ahorcamientos, según la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2021.
En los Ceresos de Guerrero, Estado de México y Tlaxcala es donde más se reportaron agresiones; en contraste, Durango fue la entidad con menos informes, 18%, según el documento presentado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).
La encuesta resalta que cuatro de cada 10 fueron incomunicados o amenazados con fincarles cargos falsos por las autoridades que los detuvieron.
A su vez, en los penales, cuya población asciende a 220.5 mil internos, prevalece el pago monetario a custodios para acceder a servicios, bienes, beneficios o permisos.
El 55.3% pagó por el pase de lista, un control dentro de los centros en el que, según reportan investigaciones especiales, si no se cubre la cuota determinada, el reo es obligado a realizar trabajos adicionales.
Otro de los cobros ilegales, indicado por cuatro de cada 10 presos, es la entrega de dinero a otros reclusos por protección.
Al interior de las cárceles, 43.2% de los reclusos señaló que pagó para tener aparatos eléctricos; 34.0% por cambio de celda; 31.9% para acceder a agua potable; 30.0% para recibir medicamentos, y 28.2% para poseer una cama o colchoneta.
Del total de dichos pagos ilegales, 88.9% apuntó que se los entregaron a custodios.
SIN DENUNCIA
La mayoría de los encuestados manifestó que la corrupción es algo cotidiano en las cárceles, por lo que no denunciaron a los funcionarios involucrados.
Del total de presos que reconocieron haber efectuado algún pago ilegal, 96.4% señaló que no presentó ninguna queja o denuncia ante la autoridad.
Y es que, 33.6% indicó que no hizo nada porque consideran que la corrupción es una práctica común dentro de las cárceles; 29.9% justificó su inacción por miedo a represalias; mientras que 15.8% externó que sería inútil.
Entre las estadísticas, 88% indicó que dentro de los penales sufrió el robo de sus pertenencias en al menos una ocasión durante el último año, y 4.6% admitió que fue víctima de hostigamiento sexual.
Respecto al autogobierno, más de un tercio de los internos manifestó que eran los propios encarcelados los que se encargaban de la seguridad y organización de las penitenciarias.
Entre los principales manejos de los reos están las llaves de las celdas y vigilancia de zonas comunes.
“En términos generales, el porcentaje de población que fue víctima de actos de corrupción en al menos una de las etapas del proceso penal desde su detención hasta la realización de su juicio y vida intracarcelaria fue de 36.2%”, indica el documento.
Otro dato es que, del total de internos en penitenciarías del país, uno de cada tres todavía no contaba con una sentencia, por lo que estaba recluido sin que su culpabilidad fuera demostrada.
Respecto a la Salud dentro de los penales, más de 90% de los entrevistados informaron que en el último año se contagiaron tuberculosis.
Cobros extra violan DDHH, coinciden
Por: Marco Fragoso y Daniela Wachauf
El cobro a las personas privadas de su libertad por el acceso a servicios al interior de las cárceles es una violación a los derechos humanos y las familias no deberían acostumbrarse a esa situación, coincidieron especialistas.
Roberto Álvarez Manzo, académico de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, destacó que si bien es una problemática añeja, se debe apostar por mayor una transparencia para combatirla.
“Lo que veo es que deben existir mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas que no solo sean institucionales gubernamentales, en lo general debe haber una participación ciudadana muy importante para que esto se pueda estar controlando”, expuso.
En tanto, el académico de la UNAM, Edgar Ortiz Arellano, consideró que en los centros penitenciarios existe el autogobierno ya que los directores de los penales son un membrete para recibir dinero producto de los actos de corrupción.
Externó que el Gobierno, desde hace décadas, tiene una deuda porque se han presentado casos donde integrantes del crimen organizado, aún detenidos, siguen operando sus redes de actividades ilícitas.
“No han puesto énfasis en atender de manera inmediata la situación de corrupción en estos espacios, que deja en completa indefensión a los presos.
APUESTAN POR POLÍTICAS PÚBLICAS
José Luis Gutiérrez, director de la organización AsiLegal, indicó que la encuesta brinda los datos fundamentales que puede contribuir a la generación de programas y políticas públicas.
“Desde la sociedad civil aplaudimos la generación de esta nueva encuesta… porque hace cruces importantes respectos a la detención, tortura, cuántos hombres y mujeres hay en los centros penitenciarios. Es fundamental para la generación de programas y políticas públicas que puedan contribuir al reconocimiento de los derechos humanos”.
También reconoció que falta mucho por hacer, “por los graves problemas que tiene el Sistema Penitenciario como sobrepoblación, pero este tipo de encuestas nos da la pauta de cómo está el nivel de hacinamiento”.
LEG