Parece que el Covid-19 cobrará una nueva víctima: la legalidad electoral.

Como sabe, el fin de semana pasado se filtró el proyecto de resolución del magistrado Indalfer Infante, mediante el cual pretende restituir el negocio, perdón, el registro al partido Fuerza por México propiedad del líder sindical del sexenio, Pedro Haces.

En septiembre pasado, el INE determinó cancelar el registro al partido de Haces porque no alcanzó el 3% de la votación emitida en la elección intermedia de este año, como mandata la ley para mantenerlo.

Fuerza por México obtuvo 2.56% de la votación y aún así impugnó la decisión del INE argumentando que la pandemia evitó que hicieran proselitismo, lo cual se reflejó en el porcentaje de votos obtenidos.

Con sus variantes, pero en el mismo sentido, argumentaron los partidos Redes Sociales Progresistas (RSP) y Encuentro Solidario, que obtuvieron 1.83% y 2.85% de la votación, respectivamente.

Pero, a diferencia de Indalfer Infante, los magistrados que llevan los casos del RSP y el PES, Janine Otálora y Reyes Rodríguez, se pronuncian por acatar la decisión del INE en sus términos.

Es decir, que ambos partidos pierdan el registro.

Seguro que el magistrado Infante tiene otros datos para pretender devolverle la patente a Haces, a pesar de no haber cumplido con lo que establece la ley que, por cierto, no contempla escenarios de excepción para revertir la pérdida del registro de un partido político.

Pero ya sabemos que cuando se deja la ley a la libre interpretación de los responsables de aplicarla, todo puede pasar.

Los tres proyectos serán sujetos de votación el próximo miércoles en el Pleno del Tribunal Electoral.

Si se votan a favor los proyectos de Otálora y Rodríguez, el de Infante tendría que ser votado en contra.

Pero si por el contrario Infante convence a los otros seis magistrados o a la mayoría de que el Covid-19, y no la población, fue la causante de la pérdida del registro de Fuerza por México, probablemente RSP y el PES también recuperarían el suyo.

Se ve muy difícil que la mayoría de los magistrados considere la pandemia como responsable de lo que los partidos nuevos no pudieron hacer.

Pero luego salen con cada cosa…

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A partir de hoy se restablece el programa “Permanecer en México’’, que es estadounidense pero que el Gobierno mexicano aceptó aparentemente sin chistar.

Y decimos aparentemente porque, pese a que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó la semana pasada de su decisión, el Gobierno mexicano ha guardado silencio.

¿A cambio de qué el Gobierno de nuestro país aceptó que los migrantes que buscan asilo o refugio en suelo estadounidense permanezcan en territorio nacional por lo menos seis meses mientras se resuelve su petición?

Y no es sólo recibirlos, sino el costo que implica tener refugios seguros, alimentación diaria, servicios médicos, servicios sanitarios y de seguridad, pues como sabe el crimen organizado ronda los campamentos de inmigrantes en busca de “mano de obra’’.

Como sea, el problema lo tendrán a partir de hoy los gobernadores de los estados fronterizos y los presidentes municipales de las ciudades pegadas al Río Bravo.

A ver.

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Lo rescatable del recorrido del presidente López Obrador por las obras de su aeropuerto fue la reaparición en público del secretario de Comunicaciones, Jorge Arganis.

Su ausencia pública había desatado una ola de rumores, desde una enfermedad grave hasta su renuncia por causas personales.

Pero no, ahí sigue firme en el cargo… hasta ahora.

LEG