La propuesta de reforma energética enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso, inhibirá las inversiones privadas en el país y convertirá a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en juez y parte, ya que por un lado busca ser el principal generador de electricidad y por otro, será el que regule el mercado y disponga los precios de esa energía.
De acuerdo con Oscar Ocampo, coordinador de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la propuesta es muy ambigua y no aclara el nuevo esquema que adoptará la CFE para permitir la participación de los privados en la generación de electricidad.
E incluye a la generación eléctrica como un área exclusiva de la nación, lo que implica que se cancelan todos los contratos que se tienen actualmente, “o se vuelve ilegal que cualquier actor que no sea Comisión Federal de Electricidad produzca energía eléctrica y eso deja mucha ambigüedad”.
Al mismo tiempo, se establece que 46% de la electricidad podrá ser generada por privados y 54% por CFE. De ahí que, deberá ser en la legislación secundaria donde se aclare este nuevo esquema propuesto y eliminar las dudas sobre cuál será el régimen contractual, cómo se van a determinar los precios y bajo qué criterios se elegirán a los generadores de electricidad privados.
El cambio de estatus de la CFE que deja de ser una empresa productiva del Estado y se convierte en organismo del Estado, también genera incertidumbre.
“Al cambiarse esta naturaleza y pasar a ser un organismo del Estado, ya estamos hablando de una visión distinta, de pasar de un negocio a ser una empresa que, dicho en términos muy llanos, se le está dando permiso de registrar pérdidas, o sea, al eliminar este mandato de ser rentable, que sea un buen negocio”.
CONFLICTO DE INTERÉS
Otro aspecto importante de la reforma es que, actualmente el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) es el responsable de la planeación del Sistema Eléctrico Nacional y depende de la Secretaría de Energía; en la propuesta, este organismo quedará en manos de la CFE, generando un conflicto de interés.
“Con la reforma, un actor que compite con otros participantes del mercado, no puede ser quien desarrolle la planeación del sistema eléctrico. O sea, hay un conflicto de interés en desarrollar la política pública y al mismo tiempo participar en el mercado con ventaja sobre los demás participantes privados”, refirió Ocampo.
Aunado a que, al darle la facultad de desarrollar política pública, se politiza a la CFE.
Explicó que, “la planeación del sistema eléctrico no puede desarrollarse dentro de una empresa, eso es algo que corresponde a la Secretaría, no a una empresa, que aunque sea la empresa preponderante en el mercado eléctrico, no deja de ser una empresa más”.
Para el experto, en la iniciativa tampoco queda claro el concepto de “transición energética”, la cual asegura no puede quedar a cargo de una sola empresa.
“No puede estar a cargo de una empresa, eso requiere de las Secretarías de Medio Ambiente, de Energía, de Hacienda, de una multiplicidad de actores; por supuesto, requiere de reguladores independientes que incentiven esa generación privada más limpia”.
LEG