La politóloga Denise Dresser -alguna vez envuelta en un caso de plagio- sacudió a sus seguidores con el argumento de que el acuerdo -que no decreto- de blindaje de las obras públicas prioritarias y estratégicas significó un golpe de Estado.
Nada más lejos de la verdad: un golpe de Estado es la toma del poder por la fuerza militar y/o policiaca por un grupo fuera del Estado y la instauración de un Gobierno por la fuerza, desapareciendo derechos individuales, instituciones, leyes y poderes constitucionales.
Y… pues no. El acuerdo puede ser impugnado en tribunales civiles y mantenido o suspendido… y todo seguirá funcionando.
La estridencia contra el acuerdo en nada contribuyó a aclarar la realidad en torno a su contenido. Y en análisis integral del caso debe incluir la ofensiva legal que preparaban los opositores de la Coparmex y el líder político del bloque opositor Claudio X. González para paralizar las obras con amparos e impedir el cumplimiento de los tiempos establecidos.
La categoría de golpe de Estado pertenece a la gramática de la seguridad y la defensa e implica el ejercicio dictatorial del poder. Pero es larga la lista de hechos que han significado que la sociedad civil organizada ha bloqueado o revertido de manera democrática decisiones presidenciales.
Lo mismo ocurre con las acusaciones de esos mismos sectores opositores al tema de la participación de las fuerzas armadas en labores civiles y de apoyo a la seguridad pública que tienen sustento en la Constitución y en las leyes orgánicas respectivas. Quieren hacer creer que vivimos un régimen militar que controlaría la dirección política del Estado, cuando sólo los titulares de las carteras de Defensa y Marina tienen grados castrenses.
Los politólogos opositores deben revisar sus dardos politológicos.
Zona Zero
- Y a propósito del caso Dresser, la academia también debería de reevaluar sus metodologías de investigación y análisis de la inseguridad. La consolidación del crimen organizado en zonas territoriales de la soberanía del Estado no se debe solo a la fuerza pública, sino que tienen que evaluarse los comportamientos de segmentos sociales que se han sumado por decisión propia a las bases de los cárteles. Y no se tienen datos de la correlación delincuencia-PIB regional-desempleo para entender el asentamiento criminal.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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