La defensa contra el decretazo presidencial tendrán que hacerla los organismos autónomos porque la mayoría morenista en el Congreso evitará que se presente una controversia constitucional contra la medida.

Así quedó claro en el debate que sostuvieron ayer senadores del bloque opositor con Morena, pero en específico con el coordinador de los senadores de la mayoría, Ricardo Monreal.

El zacatecano tuvo que acudir al rescate de la presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, a quien un grupo de 53 senadores pidió que, en nombre de la Cámara de Senadores, presentara una controversia constitucional contra el decretazo por invadir facultades de otro poder y ser inconstitucional.

La exministra de la Corte dijo que no podría hacerlo hasta consultar un dictamen técnico-jurídico “porque tenía dudas’’ sobre si el Senado podría presentar el recurso.

Eso motivó el enojo de la oposición que comenzó a cuestionarla, no solo como presidenta del Senado sino por su pasado como ministro de la Corte lo que le obligaría a tener más que claro qué puede o no hacer la Cámara que preside para controvertir el decreto presidencial por el cual todas las obras de infraestructura que realice el Gobierno serán clasificadas como de “interés público y seguridad nacional’’.

Subió entonces Monreal a la tribuna al rescate de Sánchez Cordero para explicar, desde su punto de vista, porque la presidenta del Senado no podía firmar la petición de los legisladores de oposición.

En síntesis, Monreal explicó que no podía presentarla porque la mayoría -Morena, PT, Verde y PES-, coinciden en que el decreto es constitucional pero no descartó la realización de la consulta jurídica para terminar con el debate.

Monreal dijo que los senadores de oposición tienen el recurso de presentar una acción de inconstitucionalidad, que puede presentar 33% de los senadores; es decir, 43, pero en realidad es tiempo perdido.

No procede una acción de inconstitucionalidad porque ésta solo se presenta en contra de una ley aprobada y no en contra de un decreto o acuerdo.

Es decir, si las normas aprobadas son acordes o no a la Constitución.

La controversia, en cambio, se presenta cuando se considera que hay una invasión de facultades de un poder a otro.

Monreal dijo, a título personal, que para él el decretazo es constitucional y como sus dirigidos no lo van a rebatir, así se quedará.

Solo queda esperar que el INAI y la Cofece no se dejen intimidar y acudan a la Corte en busca de anular un acuerdo que solo fomenta la opacidad y pasa por encima de la Constitución y las instituciones.

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Tres mil 500 soldados, la Guardia Nacional en función de policías municipales, tres helicópteros y muchas promesas, fue el kit que ofreció el presidente López Obrador al gobernador de Zacatecas, David Monreal, para tratar de mitigar (acabar sería un milagro) la ola de violencia que azota al estado.

Lo que llama la atención es la insistencia del Gobierno federal en su discurso de atacar las causas de la violencia con becas que los jóvenes reciben y que, sin embargo, no ha podido demostrar que realmente contribuyan a la disminución de los actos de violencia.

Contra el discurso están los hechos.

¿Existe un censo sobre cuántos jóvenes que reciben la beca del Gobierno volvieron a clases, dejaron de delinquir o sumarse a algún cártel?

Si existen, estaría bien conocerlas porque eso de creer en los discursos para el Gobierno ya es un acto de fe.

LEG