La Ley Zapata firmada por el presidente Biden se puede convertir en un nuevo punto de conflicto con México. Esa legislación permite acciones de extraterritorialidad judicial invasiva para castigar en México con leyes de EU a quienes atenten contra agentes estadounidenses.
En consecuencia, México debería responder con la prohibición de operaciones de agencias de inteligencia y seguridad nacional dentro de su territorio, sobre todo de la DEA, la CIA, el FBI y el Pentágono y negar autorización a portar armas a sus agentes, porque se pondrían en la mira de los grupos delictivos.
Lo que la Ley Zapata olvida es el hecho de que el agente Jaime Zapata, del servicio de inmigración y aduanas en San Luis Potosí, se perpetró con armas autorizadas por el Gobierno de EU para meterse a México y “seguir la pista” hasta las bandas del crimen organizado.
La cancillería de Marcelo Ebrard Casaubón impuso condiciones a finales de 2020: el registro obligatorio de agentes y operaciones de agencias de EU para poder operar, pero la Ley Zapata esconde la extraterritorialidad del Gobierno estadounidense para juzgar bajo leyes americanas a quienes atenten en el extranjero contra agentes.
Para evitar problemas, entonces las agencias extranjeras en México deberán de suspender sus operaciones y podrían realizarlas a través de las oficinas mexicanas especializadas. Un agente extranjero armado es una provocación al desastre. En 1985, el agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, fue secuestrado, torturado y asesinado por infiltrarse en el cártel de Caro Quintero y de don Neto, y provocó el secuestro clandestino e ilegal del doctor Álvarez Machain como responsable de supervisar la tortura y un colapso de relaciones bilaterales.
Para evitar secuestros y atentados contra agentes de EU, lo mejor es que no tengan autorización para operar en México. Se trata de un asunto de soberanía y seguridad nacional de México.
Zona Zero
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En julio de 2011, el presidente Barack Obama, profesor de derecho constitucional, autorizó la estrategia oficial para combatir el crimen organizado transnacional en los países sede, adjudicándose la Casa Blanca el derecho de combatir de manera directa a los cárteles en sus países de origen. Esta estrategia fue el primer caso de extensión de la territorialidad de EU hacia otros países, en franca violación de las soberanías de otros países.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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