Foto: Gabriela Esquivel En el primer día de discusión del PEF 2022, grupos reducidos de personas se manifestaron afuera de San Lázaro  

El bono de riesgo para ministros, magistrados y jueces que incluyó el Poder Judicial de la Federación en su presupuesto y que ascendía a mil 103 millones de pesos no tenía sustento en ninguna disposición constitucional o legal, aseveró la diputada federal Brenda Espinoza López (Morena).

Durante el debate de las reservas del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022, la legisladora enfatizó que “no existe un dispositivo legal que obligue a que la ciudadanía les pague esa cantidad de dinero”.

Entre las reasignaciones que hicieron los diputados al proyecto que recibieron del Ejecutivo sobresale el recorte al Instituto Nacional Electoral (INE) por cuatro mil 913 millones de pesos, pero también el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) tuvo una disminución de dos mil 935 millones.

Este diario publicó el pasado 26 de octubre que de acuerdo con el proyecto del PEF se preveía otorgar dicho bono de riesgo a mil 602 servidores públicos de alto mando.

El diputado Alejandro Moreno (PRI) calificó de brutal el recorte al Poder Judicial y acusó falta de profesionalismo en la elaboración y revisión del proyecto de gastos, pues la disminución de los recursos a ese sector afectará la implementación de la reforma de Justicia Laboral.

Agregó que el argumento a este ajuste también tiene que ver con que al Gobierno y a Morena no les han gustado los fallos de los jueces, en especial sobre la reforma eléctrica.

La sesión de ayer se mandó a receso a las 21:40 horas y no se habían presentado ni 10% de las mil 994 reservas inscritas.

La jornada se caracterizó por las exposiciones de los diputados del PAN, Jorge Triana y Éctor Ramírez Barba, quienes subieron a Tribuna ataviados de beisbolista y de médico cirujano, respectivamente, para presentar sus reservas.

Triana reclamó la creación de “la mal llamada Oficina de la Presidencia de la República para el béisbol para el pasatiempo favorito del Presidente, para su berrinche beisbolístico”.

En tanto, Ramírez Barba, quien es médico de formación, además de presentar su reserva pidió reencauzar recursos para la atención médica de la población, más infraestructura hospitalaria y que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) se coordine con las autoridades estatales y municipales para que haya equipo para el personal médico.

La jornada se tensó cuando la diputada Margarita Zavala (PAN) se presentó en la Tribuna y desde la zona del grupo parlamentario de Morena recibió gritos de “A-B-C, A-B-C”.

La diputada Andrea Chávez (Morena) interrumpió la exposición de Zavala para solicitar un minuto de silencio por los niños fallecidos en el incendio de la guardería ABC, ocurrido en el periodo presidencial del esposo de la panista.

Como respuesta, la legisladora del PAN, Mariana Gómez del Campo, pidió un minuto de silencio por las 11 mujeres asesinadas a diario en el país.

El último momento que parecía descarrilaría la sesión ocurrió cuando el diputado Fernando Torres Graciano (PAN) llamó “imbécil” al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell desde la Tribuna.

Lo cual pudo zanjar el presidente de la Mesa Directiva al ordenar el retiro de la expresión del Diario de los Debates.

Que INE revise sus fideicomisos, dicen

Por: Jorge X. López y Marco Fragoso

A pesar del recorte que tendría el Instituto Nacional Electoral (INE) por cuatro mil 913 millones de pesos para el próximo año, el organismo autónomo tiene los recursos necesarios para llevar a cabo la consulta sobre revocación de mandato coincidieron el coordinador de Morena en la Cámara Baja y el secretario de Gobernación.

El diputado Ignacio Mier indicó que “si no, (que) se pongan a revisar en sus fideicomisos. Ya reconocieron que tienen casi mil 800 millones de pesos” y agregó que el presupuesto ya fue dictaminado y lo defenderán porque el organismo electoral tiene los recursos.

Por separado, el titular de la Segob, Adán Augusto López, consideró que “no está en riesgo el ejercicio de la consulta y según el dictamen, tiene fondos el Instituto Electoral para invertir en la revocación de mandato”.

En respuesta, el organismo electoral aclaró que tiene dos fideicomisos, cuyos fines son atender el pasivo laboral y para el cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos.

Y enfatizó que los recursos que se encuentran en dichos instrumentos no pueden utilizarse para un fin distinto al que fueron creados pues así lo establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

En tanto, la consejera electoral Claudia Zavala indicó que de concretarse el recorte al INE, podrían recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
LEG