Francisco Diez Marina Palacios
El entorno complejo por el cual atraviesa Latinoamérica se ha vuelto un asunto de especial preocupación. Hace unos días, Brasil captó la atención de los medios de comunicación y la opinión pública.
Se trata de un país megadiverso, con grandes retos y oportunidades; hace unos años era un referente por su interlocución con otros actores relevantes y su influencia en la región y en el mundo. No obstante, dicha nación ha estado en el centro del foco social desde el impeachment a Dilma Rousseff en 2016 y el encarcelamiento de Lula da Silva de 2018 a 2019 como consecuencia del escándalo de Odebrecht.
La Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) del Senado brasileño, tras una investigación exhaustiva, recomendó imputar al presidente Jair Bolsonaro por múltiples delitos derivado de su pésimo manejo de la pandemia, misma que ha dejado a su paso más de 600 mil muertos. Es acusado de cometer crímenes de lesa humanidad, violaciones de derechos sociales, uso irregular de fondos públicos, prevaricación, entre otros señalamientos. Es un personaje que da mucho de qué hablar. Por ejemplo, Facebook e Instagram bloquearon la transmisión en vivo en la cual el jueves pasado el mandatario asoció la vacuna de Covid-19 con el sida.
El informe final sugiere que 65 personas igualmente son responsables, tales como: los tres hijos de Bolsonaro, —Flavio, Eduardo y Carlos—, ministros de Gobierno y altos funcionarios; legisladores, empresarios y otros perfiles involucrados.
El texto advierte, entre líneas, el enorme desprecio del actual Gobierno hacia la ciencia; ello desalentó la puesta en marcha de medidas sanitarias, incluido el distanciamiento social y el uso de cubrebocas. Asimismo, señala un retraso deliberado en la compra de vacunas.
Indudablemente, esta situación podría acarrear consecuencias políticas y judiciales graves a Bolsonaro. Sin embargo, aún cuenta con el respaldo del Congreso para evitar un impeachment.
Es preciso mencionar que la popularidad del Presidente se encuentra en su nivel más bajo desde que asumió el cargo en 2019. A mediados de septiembre, el Datafolha Institute dio a conocer que 53% de los brasileños considera la administración de Jair Bolsonaro como “mala o espantosa”. De hecho, las encuestas para las elecciones de 2022, lo colocan por detrás de Lula da Silva.
Muchos califican de fascista a Bolsonaro. Pero el término se ha generalizado e insertado en una discusión entre “izquierda” y “derecha”, cuando lo que realmente subyace es un populismo vivo que no ha terminado de dar su batalla. La investidura que representan este tipo de figuras se encuentra profundamente vulnerable —ya le pasó a Donald Trump—. Los extremos tarde o temprano se tocan, apuntaba Raymond Aron.
Un país no es su mandatario. En un contexto agitado, Brasil deberá velar por su buen nombre, por el bienestar de su población, por lo que simboliza su bandera y por sus tradiciones; así como por proteger su historia y legado bajo la máxima: Ordem e Progresso. “Orden y Progreso”.
¿O será otra de las cosas que no hacemos?
Consultor y profesor universitario
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