Comenzó la disputa mediática de la Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal para el próximo año.

Los primeros escarceos entre Morena y la oposición se han dado en torno a dos temas: la limitación de las exenciones para las donaciones y la propuesta de registrar ante el SAT a todos los mexicanos de 18 años en adelante, trabajen o no.

Sobre el primer tema ya se han pronunciado instituciones de asistencia y partidos como el PRI, en contra de la propuesta de que sólo 15% de las donaciones se puedan exentar del pago de impuestos.

Esto, aseguran las instituciones de asistencia, provocará una drástica caída de donantes.
No es un asunto menor de ninguna manera.

En este tiempo de crisis económica y pandemia, las fundaciones y asociaciones de beneficencia han paliado de alguna forma las necesidades de grupos marginados.

Incluso en el tema de la falta de medicamentos oncológicos y el cierre de la clínica especializada en estudios y tratamientos contra el cáncer de mama por falta de apoyo oficial, han sido las donaciones de particulares, físicos y morales, las que han ayudado en la medida de lo posible.

Modificar el criterio fiscal para limitar la exención de las donaciones se entiende por la urgencia del Gobierno de obtener recursos al costo que sea, pero no es una buena idea cuando precisamente el Gobierno no puede atender plenamente las necesidades de la población.

Respecto al segundo tema, registrar ante el SAT a todos los mexicanos en cuanto alcancen la mayoría de edad, la oposición dijo que trataría de eliminar la propuesta pues sería tanto como una persecución.

¿Se gravarían mesadas, depósitos para pagos de colegiaturas, rentas, alimentos?

¿Eso se consideraría un ingreso y por lo tanto habría que aplicarles ISR?

El presidente López Obrador se ha cansado de afirmar que no habrá nuevos impuestos; como tales no parecen, pero las modificaciones legales que se proyectan sí lo son de facto.

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El litigio que existe alrededor de la Fundación Mary Street Jenkins ha escalado a tal punto que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que decida cuál de las partes tiene razón.

El asunto motivó que en varias ocasiones el Presidente de la República se haya referido a la disputa, en la que se litiga el desvío de recursos de dicha Fundación por una parte de la familia.

La Corte pondrá punto final al litigio que ha perjudicado a los ciudadanos de bajos recursos beneficiarios de las acciones de altruismo de la Fundación y, desde luego, el conflicto sobre la propiedad de la Universidad de las Américas, que sigue latente.

Quedarán pendientes las órdenes de aprehensión en contra de los ex funcionarios de la UDLAP, entre ellas la que se giró en contra del ex rector Luis Ernesto Derbez.

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Uno de los precandidatos al Gobierno de Tamaulipas, que no hace ruido pero que ahí está funcionando al lopezobradorismo, es el oficial mayor de la Secretaría de Economía, Héctor Garza González.

El oriundo de Reynosa ha sido oficial mayor de las Secretarías de Gobernación y Educación, en donde nada más manejó 700,000 millones de pesos sin que haya tenido una sola observación de la Auditoría Superior de la Federación.

Garza compite por la candidatura con el senador Américo Villarreal y con Rodolfo González, ambos cercanos al coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, lo que en este tiempo de enconos internos no se sabe si es bueno o malo.
Se va a poner interesante.

LEG