Las denuncias más taquilleras por defraudación fiscal o lavado de dinero, ventiladas en las últimas semanas y que salieron de la Procuraduría Fiscal de la Federación, muestran distintos criterios a los aplicados contra los 31 científicos y administrativos del Conacyt, a quienes se les reclamó por “lavado de dinero” la cantidad de 244 millones de pesos en la primera denuncia que, incluso, legalmente no la podía firmar el titular de la dependencia, Carlos Romero Aranda.

En el caso de Raúl Beyruti, conocido como el rey del outsourcing, de la oficina de Romero Aranda salió la denuncia relacionada con una sola empresa, a pesar de que la Unidad de Inteligencia Financiera presentó ocho querellas que abarcan 2 mil 800 empresas con pruebas del supuesto lavado de dinero y la reducción de cargas fiscales de sus clientes. Finalmente, la FGR tomó la de la PFF y, ahora, la denuncia que se sigue contra el supuesto “rey del outsourcing”, observan fuentes que conocen la indagatoria, se asemeja a la de un pequeño facturero, o apenas a la de un microempresario de la subcontratación.

En otro caso, una revisión a fondo, muestra que la denuncia que la Procuraduría Fiscal interpuso contra la firma Álvarez Puga & Asociados, arroja que el monto por el que se denunció a Víctor Manuel Álvarez Puga y a su pareja Inés Gómez Mont, por Lavado de Dinero y por Defraudación Fiscal, fue tan sólo de 16 millones de pesos; en específico, denuncia por 2 millones de pesos para el conocido “May” y de 14 millones para la conductora de televisión.

Si bien, las cantidades superan por mucho lo que un trabajador de clase media puede acumular en uno, dos o hasta 10 años, los números se quedan muy por debajo de las acusaciones sobre lavado o defraudación en otros casos. Por ejemplo, Gloria Trevi fue denunciada por un monto de 400 millones de pesos. Se ve difícil mantener con esa querella el mote del “más grande facturero del país”.

A diferencia de las querellas y causas penales anteriores, Carlos Romero Aranda firmó una denuncia por Lavado de Dinero contra 31 científicos y administrativos que participaron en el Foro Consultivo, Científico y Tecnológico, constituido en su momento al amparo de la ley; reclamó Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI) por 244 millones de pesos, y apoyó la estrategia para darle a estos investigadores hasta 40 años de cárcel en Almoloya.

Pero, de acuerdo con el artículo 400 bis del Código Penal Federal, para que se pueda proceder penalmente por ORPI, el MP necesita la denuncia del secretario de Hacienda o del titular de la UIF. Ante las ausencias del Secretario de Hacienda, de conformidad con lo que establece el artículo 105 del reglamento, éste podrá ser suplido en el siguiente orden: los Subsecretarios de Hacienda y Crédito Público, de Ingresos, de Egresos y por el Oficial Mayor.

El domingo 15 de agosto, cuando salió la demanda, ya había sido ratificado el secretario de Hacienda.

#LoboSapiens

“Como es el sapo es la pedrada”, parece ser el principio con el que se construyen las querellas en la Procuraduría Fiscal de la Federación; con argumentos endebles y bajas penas, para el caso de los grandes defraudadores, y con condenas y elementos exagerados, en el caso de los hombres de ciencia.

 

@chimalhuacano