La propuesta de reforma energética, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha convertido en el nuevo punto de polarización entre la ciudadanía, políticos, empresarios y organizaciones civiles.
Durante La Mañanera de ayer, el mandatario atizó la división al convocar a los legisladores y partidos a definirse si están del lado del pueblo o de las empresas privadas que buscan saquear al país.
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La iniciativa no ha sido bien recibida por la oposición y por los organismos sociales, pues coinciden en que se trata de un retroceso. Mientras que la defensa de los cambios está encabezada por el Presidente, quien considera que son necesarios para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Entre las organizaciones internacionales que se han pronunciado está Greenpeace, que la calificó como “un grave error y un retroceso en el camino hacia democratizar la energía”.
La Asociación Mexicana de Energía (AME), que engloba a los principales inversores del sector tanto nacionales y extranjeros, consideró que “las modificaciones ponen en riesgo las inversiones no sólo del sector energético, sino del productivo en general, afectando la competitividad de la economía un momento donde se requiere la colaboración para lograr la recuperación de manera más acelerada”.
En medio de esa polarización, López Obrador manifestó que la discusión de la reforma será una oportunidad para que los legisladores definan si están a favor del pueblo o de los intereses privados.
Los representantes populares deberán “manifestar si están a favor del pueblo, del consumidor, del usuario o están a favor de las empresas, de los grupos de intereses creados, no sólo es un asunto de partidos”, externó en su conferencia.
El mandatario aseveró que si los legisladores deciden apoyar a la CFE “vamos a tener la garantía de no aumentar las tarifas, de que no va a haber apagones”.
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Recordó que los legisladores “antes votaban en contra de los intereses de la gente y ni siquiera el pueblo sabía, todo se quedaba en el anonimato”. Por lo que señaló que en la discusión de la iniciativa se conocerá si los gobernantes están al servicio “de empresas, se quedan callados, no hacen nada, les tienen miedo, son empleados”.
De acuerdo con el jefe del Ejecutivo, “no sólo es un asunto de partidos, porque puede haber un legislador del PAN honesto y decir: ‘Yo soy representante del pueblo, no representante del PAN’, porque los legisladores no son representantes de los partidos (sino) de los ciudadanos, del pueblo y no se pueden hacer llamar representantes populares cuando no lo son”.
“Los legisladores del PRI, o los legisladores en general, no sólo de un partido, deben definirse, tienen que colocarse en su sitio, no hay para dónde hacerse”, señaló.
En días pasados, Jorge Romero, líder de los diputados panistas, refrendó la absoluta oposición de su fracción a la modificación que propuso hacer el Ejecutivo federal a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en materia de energía; y advirtió que la alianza legislativa con el PRI y el PRD dependerá de la reforma energética.
LA RUTA
La reforma constitucional será dictaminada por la Comisión de Energía, que está en manos del diputado Manuel Rodríguez González, de Morena, y deberá tener opinión de la Comisión de Puntos Constitucionales, también en poder del partido oficial.
Aunque aún no se han instalado, se espera que está semana sean llamadas las juntas directivas y a más tardar la próxima, se realicen sus instalaciones oficiales.
Una vez que exista el dictamen se analiza y vota. De aprobarse, se turnará a la Mesa Directiva para sea discutido y nuevamente votado pero ahora por el Pleno, donde requerirá de dos terceras partes de votos positivos por ser una reforma a la Constitución.
Morena y sus aliados no tienen la mayoría necesaria en el Congreso para aprobar una reforma constitucional de esta índole.
CON INFORMACIÓN DE JORGE X. LÓPEZ
LEG