El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que en 2016 diera a conocer la gestión de cientos de sociedades de la firma Mossack Fonseca por medio de los Panama Papers, reveló ayer la filtración de casi 12 millones de archivos (Pandora Papers) con información de fortunas y acuerdos encubiertos relacionados con las actividades de 330 políticos y personalidades como los presidentes de Chile, Ecuador y Perú, y los cantantes Shakira y Julio Iglesias.
El resultado de la investigación que involucra al menos 11 firmas arrojó una lista de 92 funcionarios en América que tuvieron sociedades offshore en jurisdicciones secretas, además de 90 en Europa; 68 en Asia; 49 en África, y 37 en Medio Oriente.
Entre los que se encuentran activos están el presidente chileno Sebastián Piñera; el rey de Jordania, Abdalá II, y el círculo de empresarios cercanos al presidente ruso, Vladimir Putin.
Las sociedades offshore representan a aquellas compañías que se crean en un país distinto al de sus dueños, lo que no representa una violación en la materia… siempre y cuando el beneficiario reporte su actividad financiera ante el país en donde tenga su domicilio fiscal.
Sin embargo, las áreas grises en la normativa la convierten en un tipo de economía que hasta 2017 concentraba 10% del PIB mundial y se suele utilizar como pantalla para permitir a los dueños reales evadir las responsabilidades correspondientes a sus bienes.
Hace cinco años, la filtración de los Panama Papers dejó al descubierto una red internacional de gestión fiscal sin precendentes que sentó las bases para la implementación de nuevas normativas que permitieran la cooperación y el intercambio de información bancaria entre países.
LEG