El número de migrantes que llegan a algunas ciudades del norte cruzando el país al que ingresan por Tapachula, en el sur, está por desatar una crisis social.

No hablamos de la crisis humanitaria, sino de la crisis que se derivará del hartazgo de los habitantes de esas ciudades por la presencia multitudinaria de migrantes que ocupan los espacios públicos y algunos particulares.

En Tapachula, el pequeño zócalo de la plaza principal sirve de dormitorio, comedor y baño público para los miles de migrantes que llevan meses esperando una cita en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

Los casos de xenofobia en esa ciudad han sido mínimos, pero ya hay alertas que las autoridades locales están enviando sobre el enojo que causa entre la población local la ocupación de los pocos lugares de esparcimiento que tenían.

Lo mismo ocurre en otros municipios de Chiapas que se encuentran en el camino de las caravanas migrantes.

En el norte del país, gimnasios públicos han sido ocupados para dar refugio, por meses e incluso años, a los migrantes que esperan que las autoridades estadounidenses resuelvan sus solicitudes de asilo.

La problemática social se ve agravada además por la insuficiencia de recursos presupuestales, tanto federales como locales, para atender las demandas de alimentación, vivienda y servicio médico de la población migrante.

En Tapachula, por ejemplo, el número de migrantes embarazadas es tal que en cualquier momento colapsará el de por sí reducido servicio médico local.

No ha habido, por el momento, un brote colectivo de Covid entre la comunidad migrante pese a los nulos esquemas de prevención -que también molestan a los locales-, y eso, en buena medida, ha evitado que el problema se dimensione correctamente.

¿Cuánto tiempo transcurrirá antes de que los pobladores de las ciudades y municipios que albergan a los migrantes comiencen a protestar masivamente por lo que consideran ya una invasión a su privacidad?

¿Habrá previsto el Gobierno ese escenario? ¿Y qué hará al respecto?

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Pese a que hay un fallo judicial a favor de José Antonio Marín Gutiérrez y Víctor Manuel Velázquez Rangel, actuales presidentes del Consejo de Administración y de Vigilancia, un grupo de cooperativistas de La Cruz Azul encabezados por Federico Sarabia continúa disputando en tribunales la representación de los trabajadores.

De acuerdo con Sarabia, Marín y Velázquez formaron parte de la directiva de Guillermo “Billy” Álvarez; nunca han trabajado con las bases y desde sus posiciones directivas avalaron acuerdos que ahora son la causa de la persecución judicial del ex presidente de la cooperativa.

La lucha, según Sarabia, es porque “el proyecto de economía social de la Cooperativa no se pierda y se restituya la dignidad de los socios cooperativistas y sus familias’’.

“Marín y Gutiérrez buscan perpetuarse a toda costa como directivos con argumentos leguleyos y tramposos’’, asegura.

Ups.

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¿Ganó o perdió Marcelo Ebrard puntos ante los ojos del presidente López Obrador por la forma en la que condujo la reunión de la Celac el sábado pasado?

Para muchos, Marcelo demostró las tablas que tiene en el manejo de los asuntos internacionales, cosa de la que cojean sus rivales rumbo a la candidatura presidencial del 2024.

Pero para otros, Ebrard se excedió en su protagonismo a tal grado que volvió invisible al presidente López Obrador, su jefe, que no estaría nada contento ni con la conducción del evento y mucho menos por los resultados.

¿Usted qué opina?

LEG