Senado
Foto: Cuartoscuro. | Entre los cambios propuestos por la Cámara alta se establece en los artículos 5, 22 y 35 de la minuta una redacción con base en el texto constitucional

Por unanimidad, el Senado aprobó hoy la expedición de la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia pero la devolvió a la Cámara de Diputados con las modificaciones propuestas por los senadores.

Entre los cambios propuestos por la Cámara alta se establece en los artículos 5, 22 y 35 de la minuta una redacción con base en el texto constitucional, es decir, se mantuvo la facultad de los congresos locales para poder determinar casos de desafuero.

El texto devuelto a San Lázaro expone que “a las personas titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, las Diputadas o los Diputados de las Legislatura locales, las Magistrada o los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia locales(…)a quienes se les hubiere atribuido la posibles Comisión de delitos federales, la declaración de procedencia que al efecto dicte la Cámara de Diputados se comunicará a la legislatura local respectiva, para que en ejercicio de sus atribuciones proceda conforme a lo dispuesto en el párrafo quinto del artículo 111 de la Constitución”.

“Ha quedado blindada la interpretación de Federalismo que también había expuesto la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Reconocemos la disposición del grupo mayoritario para poder trabajar y para poder avanzar en concordancia”, destacó el coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa.

Por su parte, el legislador, Antonio García Conejo (PRD) celebró que con la expedición de la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia “se da un paso importante para fortalecer a la República y el Pacto Federal, pero también para que se lleve ante los tribunales a quien le falte a la ley, quien violente la ley.”

Además, la ley establece que se iniciará juicio político cuando el titular del Ejecutivo Federal, las y los legisladores federales, gobernadores, así como los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y demás servidores públicos federales y locales que caigan en “actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”.

 

CT