Con la expedición de la Ley de Revocación de Mandato aprobada ayer en la Cámara de Diputados quedaron listas las reglas para realizar la consulta popular para preguntar a la población si desea, o no, que el presidente Andrés Manuel López Obrador continúe en el cargo hasta el 2024.
El documento fue remitido al Ejecutivo para su publicación y con ello solo faltará determinar el presupuesto que dará la Federación al Instituto Nacional Electoral (INE) para llevar a cabo el ejercicio que se realizaría en los primeros meses de 2022.
La diputada María Teresa Castell de Oro (PAN) dijo que la revocación de mandato debe ser un mecanismo que permita el empoderamiento de los ciudadanos para tener el poder de detener la destrucción del país y defenderse
de todo aquello que le perjudique.
“No permitiremos que el titular del Ejecutivo intente utilizar este mecanismo como campaña electoral para engañar y manipular a la ciudadanía, y continuar posicionando un proyecto fallido que no ha hecho más que destruir y obstaculizar el desarrollo democrático del país”.
Enfatizó en que si Morena tuviera un poco de congruencia, más allá de la revocación de mandato se debería estar hablando de juicio político contra la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, por el descuento que hizo a los trabajadores del ayuntamiento de Texcoco cuando lo gobernó.
El diputado Pablo Angulo Briceño (PRI) advirtió que la minuta del Senado tiene múltiples contradicciones que suponen un posible uso político de esta figura, alejándose del propósito de dotar a los ciudadanos del derecho de revocar a su representante para convertirlo en un ejercicio de mera ratificación del mandato.
“Consideramos una verdadera incongruencia que se permita a los partidos participar de forma activa en el proceso de revocación de mandato, debería quedar prohibido”.
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