Eva Leticia Orduña Trujillo
Durante los gobiernos de Otto Pérez, Jimmy Morales, y en el actual de Alejandro Giammattei se han registrado frecuentes, masivas y enérgicas protestas sociales en Guatemala. La más reciente (aún vigente) se generó a raíz de la destitución de Juan Francisco Sandoval como titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Este fiscal investigó, durante los últimos seis años, más 50 casos de corrupción. Ante la remoción se generaron movilizaciones que exigían la dimisión del presidente Giammattei y de Consuelo Porras (la fiscal general que ordenó la destitución de Sandoval), así como la finalización de la corrupción y de la impunidad. Las protestas se han llevado a cabo durante muchos días, teniendo su punto mayor el 26 de julio, cuando se realizó un paro nacional convocado por el Comité de Desarrollo Campesino. Tuvo una gran recepción en diversos departamentos del país por parte no sólo de campesinos, sino también de otros sectores de la sociedad, como organizaciones indígenas, estudiantiles, profesionales, de pequeños comerciantes, así como de personas sin afiliación organizacional. A las demandas ya mencionadas sumaron el nombramiento de un gobierno transitorio y la instalación de una Asamblea Constituyente Popular Plurinacional. Días y meses antes de ello, la sociedad ya se había movilizado condenando el deficiente y corrupto papel que ha tenido el gobierno para enfrentar la pandemia por Covid-19.
Entre las ocasiones en que se ha tomado las calles en los últimos años podemos resaltar por su importancia las siguientes: en 2015 se realizó una serie de movilizaciones masivas, a raíz del descubrimiento de la red criminal dirigida por el entonces presidente Otto Pérez y la vicepresidenta Roxana Baldetti. La demanda fue no sólo la renuncia de estas dos altas autoridades, sino también el fin de la corrupción y de la impunidad. Ambas personas hoy se encuentran en prisión. En septiembre de 2017, la gente protestó ante la ley de emergencia que el Congreso había aprobado (mediante la cual se eximía de responsabilidad a los secretarios de los partidos políticos por posibles actos de financiamiento ilícito). Los grupos de poder cedieron ante las protestas y revirtieron la aprobación de la ley citada. Otra serie de manifestaciones ocurrió a finales de 2020, y surgió debido a la aprobación por parte del Congreso del presupuesto estatal para el siguiente año. En él se preveía la contratación de deuda exterior sumamente elevada, la canalización de dinero a grupos empresariales y la disminución sustancial de recursos para programas sociales. A través de estas manifestaciones la ciudadanía también protestó por el papel que el Gobierno había tenido ante la pandemia de Covid-19 y la crisis humanitaria ocasionada por los huracanes Eta e Iota. Esta vez, las protestas también lograron que el Congreso diera marcha atrás en la aprobación del presupuesto mencionado.
El resultado que tendrán las movilizaciones actuales está por verse todavía.
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