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Foto: Cuartoscuro / Archivo Las principales irregularidades versaron sobre la administración y el ejercicio de los recursos transferidos  

El gobierno de la autoproclamada Cuarta Transformación recibió 20 mil 391 denuncias de presuntos actos de corrupción de funcionarios e inició 9 mil 82 procedimientos.

De acuerdo con el Tercer Informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, entregado ayer al Congreso de la Unión, de las más de 20 mil denuncias en el periodo de septiembre 2020 a junio 2021, se han resuelto 2 mil 730, de las cuales, sólo en 264 se iniciaron procedimientos sancionatorios.

“Las conductas más recurrentes por las que se están llevando a cabo indagatorias son incumplimiento a leyes reglamentos y demás disposiciones normativas; incumplir con las funciones atribuciones y comisiones encomendadas; descuido o falta de atención en sus obligaciones; abuso de funciones o de autoridad”, indica el documento.

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Respecto a la apertura de expedientes, el Tercer Informe señala que el Sistema Integral de Responsabilidades Administrativas (SIRA), se recibieron 9 mil 82 expedientes de procedimientos de responsabilidades administrativas, de los cuales se resolvieron 5 mil 800, aunque no detalle el sentido en que se cerraron.

En otro apartado, del Registro de Servidores Públicos Sancionados, detallaron que se “recibieron 227 expedientes de responsabilidad administrativa, de los cuales se concluyeron 122 procedimientos, que significaron imponer 43 sanciones”.

Sobre las auditorías financieras y de cumplimiento, el Gobierno federal, reconoce que se “determinó un monto observado de 17 mil 19 millones de pesos por presuntas irregularidades relacionadas con la falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto; captación de ingresos no concentrados en la Tesorería de la Federación; falta de acreditación de registros contables; pagos de compensación a elementos de seguridad no justificados, así como adquisición de medicamentos a sobreprecio”.

Además, en materia de fiscalización de los programas regionales, de un universo fiscalizable de 21 mil 246 millones de pesos, se observó un monto de 3 mil 525 millones de pesos, el equivalente a 16.6%. Las principales irregularidades versaron sobre la administración y el ejercicio de los recursos transferidos”.

 

CT