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Foto: Cuartoscuro / archivo Entre las iniciativas aprobadas destacan la nueva reforma educativa que revocó la aprobada en el sexenio de Enrique Peña Nieto  

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió 36 iniciativas de ley de las cuales 77.7% (28) han sido aprobadas por la LXIV Legislatura el Congreso de la Unión.

Entre las iniciativas aprobadas destacan la nueva reforma educativa que revocó la aprobada en el sexenio de Enrique Peña Nieto; con la mayoría de Morena y sus aliados los legisladores también avalaron la Ley sobre Hidrocarburos, expidieron la Ley de Amnistía, así como la reforma al artículo 28 de la Constitución para imposibilitar la condonación de impuestos a deudores fiscales.

Asimismo se reformó la Ley de instituciones financieras, que permite a los adolescentes a partir de los 15 años de edad tener cuentas bancarias; con ello se pudo hacer entrega directa del apoyo económico que se le da a los estudiantes a través de la beca Benito Juárez. Y también se logró la ampliación de causales para eliminar el fuero presidencial, entre otras.

Entre las iniciativas del Ejecutivo que aún están pendientes destacan las reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que permitiría a la Secretaría de Hacienda reasignar el presupuesto durante emergencias económicas.

Además de reformas al artículo 149 Ter del Código Penal Federal para sancionar a quien incite a la discriminación racial; así como la expedición de la Ley Orgánica de la Armada de México.

En tanto, entre aquellas que ya tienen dictamen pero siguen sin ser sometidas a votación destaca la reforma a los artículos 116 y 127 de la Constitución, que tiene por objeto regular las remuneraciones de los servidores públicos que trabajan en los organismos constitucionalmente autónomos.

Y otra más a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro que propone considerar como administradoras a las instituciones públicas que operan como Afores.

Además, el Ejecutivo ha anunciado que al inicio de la LXV Legislatura (1 de septiembre) enviará las iniciativas preferentes relativas a la Guardia Nacional, la nueva legislación de la industria eléctrica y otra más en materia electoral.

De acuerdo con la versión previa del cuaderno de investigación de la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado, ninguna de las reformas enviadas por los Ejecutivos puede entenderse de forma aislada.

“Sus impulsores las concibieron como componentes de un proyecto integral para modernizar al país, eliminar trabas para elevar la productividad, situarlo entre las economías competitivas a nivel global, fortalecer la vida democrática, e incrementar la eficacia en el ejercicio de gobierno” y aclara que esto “no necesariamente significa que sus avances y resultados sean congruentes entre sí”.

… Y admiten que hay 46 pendientes

La Secretaría de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados tiene una lista de 46 temas pendientes en el Congreso de la Unión, de los cuales cinco se encuentran aún dentro del plazo previsto para su cumplimiento, mientras que los 41 restantes abarcan plazos vencidos y cuestiones relacionadas desde 2014, informó la presidenta de la Mesa Directiva en San Lázaro, Dulce María Sauri Riancho.

Entre estos enumeró la expedición de la Ley Reglamentaria de Revocación de Mandato, que debe estar publicada antes de que arranque ese proceso en noviembre próximo; reformas relacionadas con la elección consecutiva de legisladores; y reformas para el cumplimiento de la Ley General de Educación Superior, en materia del financiamiento de la educación superior.

En su participación en el foro “Agenda en Materia de Justicia. Retos y Oportunidades hacia la LXV Legislatura”, Sauri Riancho cuestionó si es necesario un mecanismo reglamentario que obligue a no dejar pendientes y cumplir con la armonización, adecuación o expedición en los plazos establecidos.

En tanto, la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán (PRI) mencionó reformas en las que se debería dar marcha atrás como la hecha al artículo 19 constitucional y la ampliación del catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa; y la desaparición de algunos fondos y fideicomisos.
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