En febrero de 2011 Norma Andrade –en ese entonces residente en Ciudad Juárez, Chihuahua– se enfrentó, primero, a la desaparición de su hija… Una semana después, a su pérdida tras encontrarla asesinada con apenas 24 horas de haber fallecido.
Su hija, Lilia Alejandra, era madre soltera; su feminicidio dejó en orfandad a una niña de año y medio, y a un niño con meses de nacido.
Norma jamás recibió un apoyo gubernamental, ahora, dos décadas después, pasó de docente a defensora de Derechos Humanos y su diagnóstico es incontrovertible: Nada se hacía, nada se ha hecho y nada se hace para los quizá miles de huérfanos, no solo por feminicidio, sino por la violencia generalizada en el país.
Su nieta, ahora una joven en los 20, define a su propia generación como la generación de las balas.
Este miércoles el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia publicó el Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Orfandad por Feminicidio.
Sin embargo, éste fue anunciado hace más de un año, el 20 de julio de 2020, como resultado de la información obtenida en 26 sesiones de trabajo impulsadas por el Instituto Nacional de la Mujeres (Inmujeres) en 12 estados y de la colaboración con las Fiscalías y procuradurías estatales.
En el protocolo se destaca que los niños y adolescentes en esta situación deberán recibir apoyos para gastos funerarios de cualquiera de los tres órdenes de Gobierno y se les deberá proporcionar albergue, alimentación, atención médica, psicológica y pedagógica.
La ruta que traza el protocolo establece 11 puntos y pretende dar atención, acompañamiento en la vida cotidiana y capacitaciones que tengan como objetivo brindarles herramientas para superar sus pérdidas y duelos, así como contribuir para prevenir futuras violencias.
VEN CAMINO ESPINOSO
Malú García Andrade es defensora de Derechos Humanos, participa en la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa y es hermana de Lilia Alejandra, secuestrada y asesinada en 2011.
Tras conocer la publicación del protocolo expresa sus dudas pues “en el papel suena muy bonito, pero en la realidad vamos a tener muchos obstáculos”.
De entrada, señala la limitante de los apoyos únicamente para los huérfanos por feminicidio, cuando existen casos de homicidios de mujeres que son reclasificados con agravante o por razones de género.
“Sabemos muy bien que las autoridades tratan de minimizar o bajar las cifras de este delito. Tenemos sentencias como homicidio con agravante u homicidio por razones de género, pero no tenemos sentencias por feminicidio, son muy pocas.
“Por ley, todos los crímenes de mujeres se deben investigar como feminicidio hasta que la autoridad competente lo descarte, las Fiscalías así lo investigan, pero, cuando se judicializan las carpetas de investigación y llegan a un juzgado, las mismas Fiscalías reclasifican a homicidio con agravante u homicidio por razones de género y todos esos casos no entrarían”, expuso la activista.
Respecto a la ruta de atención que propone el protocolo, en la que se deja al Ministerio Público la decisión sobre si se investiga un asesinato como feminicidio, pues “si no le da la gana investigarlo así” esos niños quedarán sin apoyos o protección.
“Tenemos muchos casos en donde el MP le niega la calidad de víctima a las familias, no solo a papás y hermanos, sino a los hijos; hemos tenido denuncias en comisiones de Derechos Humanos estatales.
“Es como estar chiquiteando el dinero de las Comisión de Atención a Víctimas por el tema del alojamiento, salud, educación porque no tienen recursos”, dice García Andrade.
Por estas razones, la activista comentó que el tema sigue abierto y es necesario sentarse con las autoridades para que no sólo los menores, cuyas madres fueron víctimas de feminicidio, reciban apoyo del Estado, sino todos aquellos que han quedado huérfanos por el homicidio con agravante o por razones de género de su progenitora.
PROBLEMA MAYOR
Tan solo en 2019, según datos dados a conocer por el Inmujeres en la presentación del protocolo, las autoridades competentes detectaron 796 menores en orfandad por feminicidio, pero únicamente en 26 entidades federativas.
Sin embargo, la Red de Defensa por los Derechos de la Infancia en México (Redim) intentó determinar cuántos menores de edad eran víctimas indirectas de ese delito, pero su intento no prosperó pues se enfrentaron a la falta de datos confiables respecto al número de feminicidios, ya que muchos están clasificados simplemente como homicidios.
Los feminicidios se han mantenido al alza desde 2015 cuando pasaron de 412 casos a 948 en 2020, pero la cifra de homicidios dolosos contra mujeres es más alta, de mil 734 a dos mil 793, en el mismo periodo, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
De las mujeres asesinadas el año pasado, la mayoría tenía entre 20 y 44 años, de acuerdo con los datos sobre mortalidad en el país del Inegi.
Mientras que los datos de maternidad indican que siete de cada diez mujeres mayores de 15 años han tenido, al menos, un hijo nacido vivo.
LEG