No puede haber persona más molesta con ese mote de Ley Zaldívar a la intentona de violar la Constitución para extender de manera artificial un mandato que el propio ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar.

Le hace ver como alguien más interesado en el poder personal que en el resto de la reforma al Poder Judicial y a sus compañeros ministros los deja como personas incapaces en el momento en que el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que el único que puede con la reforma al poder judicial es Zaldívar.

Este mes se tendrá que definir el futuro de ese artículo transitorio que en una ley secundaria ensaya una extensión de mandato que luce anticonstitucional. Y si una mayoría de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o mejor aún, la totalidad de ellos determina su inconsistencia con la Constitución, será otro duro golpe para la 4T.

Quedó claro que la Ley Zaldívar no fue una ocurrencia de un servil legislador del Partido Verde, está claro que el ensayo de ampliación de mandato está en la agenda del presidente López Obrador y un rechazo de la Corte será una muestra de independencia y otra forma de demostrar que el poder presidencial sí puede tener límites.

Una decisión contraria sería devastadora para el país.

Pero por lo pronto, no hay que perder de vista que hay un tema reciente en el que la SCJN frenó un intento descarado de uso de las instituciones del Estado con fines facciosos. Las modificaciones de la Corte a la consulta del domingo pasado debieron molestar al Presidente.

Hay que recodar qué era lo que López Obrador quería que se consultara a los ciudadanos el domingo pasado. Esta era su pregunta: “¿Crees que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, debe promover que se juzgue para que haya justicia y no solo se persiga a Chivos Expiatorios y se revisen las responsabilidades en delitos de corrupción y otros delitos a Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto?” Y además la quería el día de las elecciones.

La pregunta resultante, confusa y ambigua, fue resultado de aplicar todos los filtros legales en la Suprema Corte para evitar que se violara una larga lista de leyes por parte del poder Ejecutivo.

Por ahora, López Obrador y toda su obediente estructura de la 4T ha enderezado sus ataques en contra del Instituto Nacional Electoral, que no solo no se dejó pisotear por el Presidente, sino que hizo un muy buen trabajo con la consulta.

Pero si la SCJN opta por ponerle otro alto al actual régimen con una declaratoria de anticonstitucionalidad al Artículo Décimo Tercero Transitorio de la Reforma Judicial y se impide ese ensayo de extenderse en el ejercicio de un cargo más allá de los plazos legalmente establecidos, entonces podríamos ver que López Obrador incluya, de nueva cuenta, a la Suprema Corte en su lista de enemigos.

Si la Corte hace lo correcto y resiste esos intentos autoritarios entonces será determinante para garantizar la democracia y la institucionalidad del país.

 

@campossuarez