Eva Leticia Orduña Trujillo
Hace pocos días, el 19 de julio, se cumplió el aniversario número 42 de la revolución sandinista. Dicho acontecimiento fue seguido en todo el mundo y mayoritariamente celebrado y apoyado. Hoy, Nicaragua vuelve a ser objeto de atención internacional pero en un sentido muy diferente. El régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo ha encarcelado a 26 críticos al Gobierno (entre ellos a aspirantes a la presidencia, figuras históricas del FSLN y un banquero) y perseguido a abogados de los encarcelados, defensores de derechos humanos, líderes estudiantiles y periodistas, entre otros.
Estos hechos forman parte de una política autoritaria que el Gobierno ha venido exhibiendo de manera sostenida e incrementada desde hace tiempo, pero que ha tenido especial intensidad en dos momentos. Uno es el que se vive actualmente. El otro es el que se experimentó en abril de 2018, cuando el gobierno reprimió con gran violencia y contra derecho una serie de manifestaciones sociales pacíficas.
La CIDH es uno de los actores internacionales que ha seguido con atención la situación en Nicaragua. Respecto a la crisis de 2018 tomó diversas acciones de supervisión, en ese mismo año. Posteriormente, en su informe anual de 2019 señaló que, como consecuencia del accionar violento del Estado, se había perpetrado: “la muerte de, al menos, 328 personas, entre ellas, al menos 24 niñas, niños y adolescentes; más de 2 mil personas heridas; 405 profesionales de la salud han sido despedidos. Según datos registrados por el ACNUR (…) la migración forzada de personas nicaragüenses habría alcanzado más de 96 mil 996 personas”. Además, identificó un sistemático ataque a la libertad de expresión, manifestado a través de las amenazas y agresiones a periodistas, medios de comunicación, defensores de derechos humanos, así como un proceso de detenciones arbitrarias y persecución judicial en contra de las personas que participaron en las manifestaciones, en especial de los líderes sociales y estudiantiles y de periodistas. Concluyó que estos hechos constituyen crímenes de lesa humanidad. Hasta la fecha, permanecen en la impunidad y la mayoría de las personas encarceladas continúa en esta situación.
Respecto a los acontecimientos de 2021, la Comisión señaló que las leyes que se han utilizado en contra de los críticos del Gobierno, así como la reforma electoral aprobada en mayo, infringen derechos humanos reconocidos internacionalmente que Nicaragua se obligó a cumplir; y que la actual criminalización “viola el derecho a la libertad personal, el principio de legalidad, la presunción de inocencia, el derecho a ser juzgado por un tribunal o juez imparcial, así como otras garantías del debido proceso”.
Lo que está sucediendo en Nicaragua tiene gran importancia para toda la región, tanto en términos de derechos humanos como de vigencia de la democracia y del Estado de derecho.
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