Nadie se llame a engaño. La dizque consulta de ayer no tenía por objeto lograr que se enjuiciara penalmente a los expresidentes, sino tener el aval de un sector para justificar el discurso del juicio político, del juicio presuntamente ciudadano.

Hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador sería un fracaso en cuanto al porcentaje de participación ciudadana.

Sus consejeros se lo habían advertido sobre dos bases: la poca penetración que tuvo la campaña pagada por quién sabe quién en contra de Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto (como dice López Obrador: ¿quién pompó, campañita quién pompó?), y porque la ciudadanía se cansó de escuchar cómo el Gobierno justifica sus errores en las acciones de gobiernos pasados.

Si bien desde hace días se anticipaba una baja participación ciudadana, será hasta hoy cuando se conozcan las cifras oficiales; el resultado permitirá varias interpretaciones.

Ganará el SÍ, ni duda cabe, con lo que el Gobierno compra tiempo y legitimación para enfilar el discurso al “juicio de la historia’’ aunque los exmandatarios jamás serán enjuiciados penalmente.

Pero también, dependiendo del número de participantes, se puede interpretar que la previsible baja participación fue un plebiscito sobre la credibilidad presidencial.

Entre menos gente haya participado, peor para el Gobierno del cambio.

¿Por qué? Porque será una señal inequívoca de que la gente, incluidos quienes votaron por este Gobierno en 2018, ya no le creen, que le han perdido la confianza y que ponen en duda la voluntad oficial de castigar a los expresidentes.

El Gobierno y su partido también obtendrán, de la baja participación ciudadana, el permiso para irse con todo contra el INE, a pesar de que el instituto actuó de acuerdo a lo que establece la Ley de Consulta Ciudadana, aprobada por los diputados de Morena y sus rémoras mayoritariamente.

La mayoría de las boletas se manifestarán por el SÍ; pero, sin restar importancia a la opinión ciudadana, el Gobierno debería pensar qué no hizo para que la mayoría de la población participara en el ejercicio.

Porque la abstención también es un voto. En este caso, en contra.

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Una pregunta para Claudia Sheinbaum: los espacios en los andenes del Metro con publicidad sobre la consulta -en realidad a favor de castigar a los expresidentes- ¿fue cesión del Sistema de Transporte Colectivo, del Gobierno que usted encabeza o fue publicidad pagada?

En cualquiera de los tres casos, la población merece una explicación del Gobierno de la ciudad; igual de quién o quiénes pagaron los posters de los expresidentes que se pegaron en varias partes de la capital.
Nomás para no generar suspicacias.

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En Puebla circula la versión de que el desempolvado Fernando Lerdo de Tejada encontró trabajo de asesor en medios de comunicación de la familia Jenkins, quien mantiene una disputa por el control de la Fundación Mary Street Jenkins.

Desaparecido del ámbito político por años, Lerdo de Tejada volvió a los medios a la cabeza de un grupo de priistas que buscan presionar a la dirigencia nacional de lo que queda del tricolor para realizar una asamblea nacional refundacional.

En el inter, según versiones de políticos poblanos, se da tiempo para asesorar a la familia arriba citada y para criticar el Gobierno de Miguel Barbosa, al que señala de querer “estatizar la educación’’, por el pleito que se libra por el control de la Universidad de las Américas.

¿A poco sí?

LEG