A pesar de encuentros bilaterales que auguraban voluntad cooperativa, la administración Biden-Harris decidió definir de manera unilateral sus estrategias migratorias y antinarcotráfico sin salirse del guion de responsabilizar a otros países de problemas acreditados al Gobierno de Estados Unidos.
Las nuevas directrices que pasaron por el Consejo estadounidense de Seguridad Nacional aislaron los problemas de migración y narcotráfico de una conceptualización integral de la seguridad, pero lo más grave fue que tampoco asumieron la corresponsabilidad prioritaria de EU en la crisis económica y de seguridad de Centroamérica y en el auge del crimen organizado en México como efecto de la consolidación de los cárteles mexicanos al interior del territorio estadounidense controlando el contrabando, distribución y venta al menudeo de las drogas.
En el caso mexicano, las estrategias Biden-Harris eludieron los enfoques del presidente López Obrador y algunos de los puntos concretos asumidos por la Casa Blanca pronto van a chocar con las nuevas reglamentaciones y decisiones avaladas por el Gobierno mexicano, entre ellas, por ejemplo, la obligación estadounidense de registrar nombres de agentes y operaciones de seguridad en México y la necesidad de intercambiar tecnología e inteligencia.
En el caso de los cárteles no habrá solución persiguiendo a las bandas dentro de México, si al interior de Estados Unidos los siete principales cárteles mexicanos tienen el control de la venta al menudeo en más de tres mil ciudades estadounidenses. Desde 2010, reportes de la DEA han insistido en el crecimiento, consolidación y expansión de los cárteles mexicanos dentro de EU. Y al final de cuentas, la producción y tráfico de drogas es efecto de la demanda de consumidores estadounidenses en constante aumento.
Zona Zero
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El proyecto de reorganización de la Secretaría de la Defensa Nacional que circula en estos días solo ajusta el funcionamiento de la dependencia a partir de la propuesta presidencial de incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena. Y se trata de un proyecto que ya se conocía desde 2019, pero que ha tratado de politizarse y no de debatirse en sus términos estrictamente administrativos.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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