José Ureña

La apuesta es el prestigio del sexenio.

En Aguililla, Michoacán, el Gobierno federal comenzó un esfuerzo para negociar entre cárteles y ciudadanos.

Lo anunciado aquí el viernes.

O lo mencionado por el abogado Sergio Arturo Ramírez Muñoz como justicia transicional o procesos de paz.

Las negociaciones en Aguililla, un municipio cercado por criminales de todo signo ante la ausencia del Estado, se dieron luego de la visita del nuncio papal Franco Coppola, para vergüenza de todas las autoridades.

Después de ello, quizá sonrojado por la exhibición clerical, Andrés Manuel López Obrador prometió visitar ese lugar mártir de la delincuencia, pero al final declinó con una explicación sorpresiva:

-Voy a ver cuándo puedo ir. No voy porque no quiero hacerle el caldo gordo a la prensa amarillista y a nuestros adversarios.

Él no irá, pero sí personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), con Rosario Piedra Ibarra de ariete incondicional del Gobierno en todas sus políticas.

VISITADORA ENTRE CÁRTELES

La historia es interesante.

Se buscó a los capos de los distintos grupos en conflicto por el control del territorio: Los Viagras, Los Caballeros Templarios, los restos de La Familia Michoacana, el Cártel Jalisco Nuevo Generación (CJNG) y otros.

¿Quién logró el milagro?

La primera visitadora de la Comisión, Hilda Téllez, quien con protección de las fuerzas públicas federales, estatales y municipales -¿de verdad las hay?- ingresó al territorio.

Habló con ciudadanos comunes y ordinarios del lugar en una primera instancia y luego con los criminales del otro, para luego reunirlos y comenzar los denominados diálogos de paz.

La población le narró el cerco en el cual vive desde hace mucho tiempo y por el cual carece de lo fundamental: alimentos, vestidos, comunicación, visita de familiares, paz, orden…

Entre las preocupaciones está la falta de hospitales porque el actual no puede servir: no tiene camas, medicinas, médicos, personal auxiliar, ambulancias…

Nada, pues.

A partir de los primeros diálogos se comenzó a actuar.

La visitadora Hilda Téllez, reconocida por las organizaciones independientes de derechos humanos, intercambió opiniones con algunas víctimas y se habló de reparación del daño.

No es mucho, pero entregó -cuentan los lugareños- “poco más de dos millones de pesos a víctimas y familiares” y, no conforme con ello, prometió impulsar acciones para hacer justicia.

Este ejercicio fue supervisado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a cargo de Rosa Icela Rodríguez, porque en el portal de la CNDH aparece un reporte escueto de acciones “para la pacificación”.

Pasos parecidos a los 4 propuestos al Gobierno y a Andrés Manuel López Obrador por el abogado Sergio Arturo Ramírez Muñoz: Búsqueda de la verdad, Obtención de justicia, Judicialización y Garantía de no repetición.

De los resultados puede depender la tranquilidad de los mexicanos.

NUEVA EMBESTIDA CONTRA INE

Quién lo dijera:

Los criminales merecen interlocutores del Gobierno en busca de paz, pero no quienes trabajan por la democracia.

Esa suerte no la tiene el Instituto Nacional Electoral (INE) de Lorenzo Córdova, sobre el cual descargarán Gobierno y su partido el fracaso de la consulta.

Si esta pantomima de 528 millones de pesos no tuvo éxito, escuchará usted en el discurso oficial, fue porque ese organismo y los conservadores la combatieron porque están a favor de la corrupción.

Nadie de ellos cuestionará el dictado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (el organismo de Arturo Zaldívar tiene supremo y justicia sólo en el nombre), un texto ilegible aún para los expertos.

Tampoco el incumplimiento de la obligación presidencial, jurada al tomar posesión el 1 de diciembre de 2018, de respetar y hacer cumplir la Constitución y todas las leyes emanadas de ella.

Ese es nuestro México.

LEG

José Ureña

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