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Los gobiernos de los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto firmaron al menos 31 contratos para la operación del equipo de espionaje masivo Pegasus.

Durante la conferencia mañanera de ayer en Palacio Nacional, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, expresó que el monto involucrado es superior a los mil 900 millones de pesos.

La funcionaria indicó que los pagos a la empresa NSO Group se hicieron a través de firmas fachadas.

“Para sus transacciones, la empresa israelí usó otras compañías fachadas llevando a cabo una simulación de contratos relacionados con el software Pegasus en diferentes instancias por conceptos distintos al uso de tecnología de inteligencia”, manifestó Rosa Icela Rodríguez.

La titular de la SSPC abundó que los contratos fueron entregados a la Fiscalía General de la República (FGR), para que continúe la investigación por el espionaje ilegal de más de 15 mil teléfonos de ciudadanos mexicanos.

“Estos 31 contratos involucran al gobierno de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto bajo cuya protección operaba, en el caso de Felipe Calderón, el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, que está actualmente preso en una cárcel, en un penal en Nueva York, Estados Unidos, y está reconocido por sus prácticas de espionaje, pero también en el caso de Enrique Peña Nieto mantuvo esta actividad ilegal durante todo su sexenio”, dijo la funcionaria.

“SEGUIRÁ LA COLABORACIÓN”

Rodríguez abundó que “lo erogado, a través de estos contratos, suma alrededor de mil 970 millones de pesos, esto es un poco más de 61 millones de dólares para la adquisición de software, de hardware, de bases de datos, plataformas, licencias y mantenimiento de estos equipos, entre otros”.

Manifestó que el Gobierno federal seguirá con la colaboración con las autoridades judiciales para que “se dé con los responsables de esta ilegal práctica que violó la intimidad de periodistas, de políticos, de luchadores sociales, de empresarios, de defensores de derechos, de servidores públicos, de legisladores”.

Hace unos días, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que en su administración “ya no se espía a nadie, ya no se hace. El Gobierno no espía a nadie, ni los opositores son espiados, no hay censura para los medios de información”.

El mandatario abundó que “por eso desapareció el Cisen (Centro de Investigación y Seguridad Nacional), y lo que hay de inteligencia tiene que ver con el combate al crimen, es para proteger a los ciudadanos, no es para espiar a opositores, periodistas, dirigentes políticos, dirigentes de partidos, dueños de grandes empresas, a las iglesias”, aclaró.

“Tóxicos”, llama AMLO a medios

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, consideró como “inmoral y vergonzosa” la actitud de los medios de comunicación, y lo atribuyó a que dejaron de recibir presupuesto por parte del Gobierno federal.

Durante la autodenominada sección de noticias falsas, como parte de la conferencia mañanera del mandatario en Palacio Nacional, Ana Elizabeth García Vilchis -titular del segmento- presentó un informe en el cual se señala que son negativas la mayoría de menciones en radio, televisión y prensa en relación al Gobierno de la autoproclamada cuarta transformación (4T).

“Quiero dejar en claro que, aun con esta actitud completamente inmoral que, en vez de informar, manipula y pretende incidir en la opinión de la gente, aun con el daño que causan, lo tóxico que son todas estas informaciones, el odio que generan, de todas formas, vamos a continuar respetando la libertad de expresión”, indicó el mandatario.

Durante la conferencia mañanera de ayer, el titular del Ejecutivo federal mantuvo un debate con el periodista Julio Hernández, quien la semana pasada fue mencionado por difundir noticias falsas y ayer acudió a ejercer su derecho de réplica.

Respecto a ese tema, el Presidente de México aseguró que no se permitirá la destrucción de la Sierra de San Miguelito, en San Luis Potosí (SLP), ni que particulares se aprovechen de los ejidatarios, luego de la polémica porque se quieren dejar fuera de la declaratoria de zona natural protegida al menos mil hectáreas para impulsar desarrollos habitacionales.

 

LEG