José Ureña

La realidad ha vencido a la animosidad.

Al menos en primera instancia.

Una cruzada perdida pese a tantos discursos para combatir la subcontratación reforzada en noviembre de 2020 con una iniciativa presidencial.

El Congreso de la Unión hizo su tarea y aprobó la reforma, pero fallaron en la instrumentación el Gobierno -en especial la Secretaría del Trabajo de María Luisa Alcalde-, los empresarios y los sindicatos.

Hoy, como mil veces en el pasado, viene una reforma a la reforma para ampliar el plazo de regularizar a millones de trabajadores -4.7 según cálculos oficiales- sin las garantías de ley.

Mal imperante, debe abundarse, tanto en el sector privado como en el público y aun en Palacio Nacional con el personal de servicio, el más humilde.

Los abusos son múltiples, según las consideraciones para esa reforma: evasión de prestaciones, subregistro de salarios, escamoteo de aguinaldos, vacaciones, primas vacacionales, seguridad social…

CON CARGO A EMPRESARIOS

Esto se busca corregir con la norma.

Con más cargos a empresarios, cuotas obrero empresariales y captación fiscal, lo cual podría derivar en un subempleo distinto.

Hoy esta reforma es la parte social, laboral y económicamente más trascendente del período extraordinario del Congreso de la Unión del próximo fin de semana.

Habrá debate legislativo sobre condiciones y plazos, pero el panorama deberá cambiar a principios de 2022 si todas las partes cumplen con su responsabilidad.

Si no, sería el segundo fracaso con consecuencias internacionales por el T-MEC.

A juicio de Ricardo Monreal, jefe del control político del Senado de la República y negociador del extraordinario, esta ampliación del plazo es imprescindible:

-No pueden los empresarios trasladar, en tiempo tan corto, las relaciones de trabajo del sistema antiguo al nuevo.

Ese “sistema antiguo”, como lo llama el político zacatecano, es una herencia del neoliberalismo amparada en el discurso de facilitar la generación de empleo.

En cuanto a forma, la convocatoria a las sesiones de jueves y viernes se hará con un acto presencial de diputados y senadores de la Comisión Permanente.

COFECE CONTRA LOS BANCOS

1.- La investigación sobre la concentración de tarjetas de crédito avanza a buen paso.

La Cofece emitió un dictamen preliminar (DP) en diciembre y los bancos nacionales claman por medidas correctivas a los extranjeros -en especial BBVA y Citibanamex por dominar las dos únicas cámaras de compensación, E-Global y Prosa.

El Senado prepara un punto de acuerdo para extender esta investigación de Cofece contra las prácticas anticompetitivas.

Es decir, tomar medidas radicales en el ciclo completo de transacciones: adquirencia, emisión y compensación.

2.- Nadie salvará a Uriel Carmona Gándara, fiscal general de Morelos.

Es un tema agendado para el período extraordinario y Ricardo Monreal tiene consenso para cumplir esta encomienda.

Y 3.- Un lector pide corregir un error.

El jueves informamos que en México hay únicamente 39 controladores aéreos y fue causa de la degradación de Estados Unidos.

Falso: son 39 inspectores de 160 necesarios y esa fue la razón, por lo cual la FAA aceptó dar asesoría a la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) de Carlos Rodríguez.

La AFAC depende del subsecretario Carlos Morán, quien planteó suspender vuelos de las 0 a las 5 horas, y los controladores laboran en el Seneam dirigido por Víctor Manuel Hernández.

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José Ureña

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